Xunta y Gobierno central se sientan a negociar el futuro de la AP-9

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Un grupo de trabajo resolverá la batalla entre las administraciones por la titularidad y las competencias de la Autopista do Atlántico y de la AP-53, que une Santiago y Ourense

Núñez Feijóo y Ana Pastor

en A Coruña, 26 de enero de 2016 (04:54 CET)

Con un gobierno en funciones en Madrid y en año electoral en Galicia, Xunta y Ejecutivo central han decidido sentarse una vez más a negociar el futuro de la principal autopista gallega, la AP-9, aunque en esta ocasión lo harán de manera formal y en un grupo constituido ex profeso para abordar el tema.

El BOE ha publicado el acuerdo adoptado en la Comisión Bilateral de Cooperación entre Xunta y Administración General del Estado en su reunión del pasado 9 de diciembre, en el que ambas partes se comprometen a abrir un periodo de negociaciones para definir, entre otras cuestiones, quién tiene competencias sobre la infraestructura y en qué materias.

En concreto, se designará un grupo de trabajo, que será el encargado de resolver las notorias diferencias que guardan dos líderes afines, Alberto Núñez Feijóo y Ana Pastor, respecto al vial.

Demandas de la Xunta

La propia conselleira de Infraestructuras, Ethel Vázquez, reconoció en el Parlamento que la Xunta había solicitado la transferencia de la titularidad de la AP-9 en 2014, a través de alegaciones al plan de infraestructuras estatal, y en 2015, por la misma vía de alegaciones a la ley de carreteras. Las diferencias no sólo están en quién es el titular de la infraestructura, aunque es la pieza clave. El Gobierno gallego también cuestiona la política de peajes y la relación con la concesionaria, Audasa.

Ni Vicepresidencia ni la Consellería de Infraestructuras fueron capaces de explicar durante este lunes de qué manera y con qué objetivos se formalizará la negociación, pero el temario que ambas administraciones han puesto sobre la mesa deja lugar a pocas dudas.

La transferencia sobre la mesa

Las discrepancias se centran en los artículos 4, 5 y 18; la disposición adicional primera, el anexo II y la disposición final quinta de la ley de carreteras (Ley 37/2015, de 29 de septiembre), según recogía este lunes el BOE.

Y estos artículos versan, precisamente, sobre la titularidad y competencias de la autopista. En concreto, el artículo 4 define las carreteras y Red de Carreteras del Estado –en la que está incluída la AP-9--, además de las facultades atribuídas al Gobierno central y de la incorporación de nuevos viales a la red estatal.

Las obras de la AP-9

El artículo 5, otro punto de desacuerdo, define las carreteras del Estado no integradas en la red que tutela Fomento, mientras que el artículo 18, que también abordará el grupo de trabajo, define los controles de las actuaciones "de construcción, reparación, conservación o explotación del dominio público viario".

La normativa exime a las "obras públicas de interés general", como las que afectan a la Autopista del Atlántico, del abono de ningún tipo de tasas por licencia de obras. Tampoco están sometidas "a la obtención de licencias o autorizaciones por parte de otras administraciones, organismos o entidades públicas".

La regulación tampoco permite que la Xunta suspenda cautelarmente ninguna actuación promovida por el Ministerio de Fomento, si no es por orden judicial. Coincide este temario con el momento en el que Audasa, la concesionaria, acomete las obras de ampliación en Rande y Santiago.

La concesionaria, también en el debate

Precisamente, Audasa entrará también en los asuntos a resolver entre Xunta y Gobierno central, aunque de manera tangencial. Pues la disposición final quinta de la ley, otro punto en el que ambos actores han mostrado su desacuerdo, atribuye al Estado la competencia sobre las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y la competencia sobre la legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas.

Del mismo modo, le otorga la exclusividad "sobre el régimen general de comunicaciones y sobre las obras públicas de interés general cuya realización afecte a más de una comunidad autónoma". Uno de los argumentos que emplea el Gobierno gallego para reclamar la transferencia del vial es que discurre íntegramente por Galicia.

La reclamación se extiende a la AP-53

Finalmente, la Xunta presentará sus alegaciones a la inclusión de la AP-9 en el catálogo de la Red de Carreteras del Estado, tal y como figura en el anexo II. Y, del mismo modo, de la AP-53, que gestiona Globalvía y que discurre entre Ourense y Santiago. 
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