Xunta y Ayuntamiento de Vigo deben a la Zona Franca casi 30 millones por una operación urbanística

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AGUJERO EN LAS CUENTAS DEL ORGANISMO

Luis S. Pinal-Martín

Reunión de los delegados de Tenerife, Cádiz y Gran Canaria el pasado noviembre. En el centro, Teresa Pedrosa, delegada de la Zona Franca en Vigo
Reunión de los delegados de Tenerife, Cádiz y Gran Canaria el pasado noviembre. En el centro, Teresa Pedrosa, delegada de la Zona Franca en Vigo

Vigo, 08 de abril de 2015 (00:00 CET)

Una auditoría de la Intervención de la Administración General del Estado (IAGE) revela que las últimas cuentas presentadas por la Zona Franca de Vigo (ZFV) registran un boquete latente por importe aproximado de 28,5 millones de euros, a consecuencia de las deudas acumuladas por parte de la Xunta de Galicia y del Concello de Vigo con el Consorcio, en el curso de la fase inicial de lo que iba a ser una operación urbanística de mayor calado y que ahora lleva varios años bloqueada.

La IAGE ha contabilizado un reiterado impago de la cifra económica acordada por parte de las tres instituciones --lo que ya ha generado cuantiosos intereses de demora-- en el negocio de compraventa de los 100.000 metros cuadrados de terrenos e instalaciones de una antigua base militar de la Armada, emplazada en una privilegiada zona del litoral vigués. Este recinto ya había sido adquirido, a su vez, por la ZFV al Ministerio de Defensa en 2004 por 26 millones de euros.

"Pendiente de cobro"

El informe de la gestión económica-financiera realizado sobre las cuentas de la Zona Franca señala que el Consorcio mantiene "pendiente de cobro" a la Xunta de Galicia y al Concello de Vigo en concepto de principal las cantidades de 15,81 millones de euros a largo plazo y 8,63 millones a corto plazo (en total, 24,44 millones), producto de la venta realizada en febrero de 2009 a estas entidades de los terrenos e instalaciones de la antigua Escuela de Transmisiones y Electrónica de la Armada (ETEA), situada en el barrio vigués de Teis.

Estos créditos, según la auditoría de Intervención del Estado, tienen su reflejo contable en los epígrafes "inversiones financieras a largo plazo-créditos a terceros" y deudores comerciales y otras cuentas a cobrar-deudores varios", del balance de situación del organismo vigués dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Complementariamente, estas mismas instituciones, adeudan más de 4,2 millones de euros en intereses de demora por incumplimiento de las obligaciones anuales de pago.

Coincidencia política

La operación de compraventa de la ETEA se realizó en febrero de 2009, justo en el momento en que las administraciones públicas autonómicas y locales formaban un tres en raya político, en concreto en manos de los políticos socialistas Emilio Pérez Touriño y Abel Caballero, que permanecían al frente de la Xunta y del Concello vigués, respectivamente. Esta frágil entente se complementaba con el Consorcio de la Zona Franca (dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda del socialista Pedro Solbes), cuya delegada era entonces Teresa Pisano, exdirectora de las delegaciones especiales de la Agencia Tributaria en Extremadura y en Galicia.

El terreno y las instalaciones supusieron un negocio de 30 millones de euros, que debían desembolsarse a razón de 18,5 millones por parte de la Xunta y de 11,5 millones de manos del Concello, sustituible en este caso por la cesión de terreno de propiedad municipal de idéntico valor antes del 31 de diciembre de 2015. La operación, ahora fallida desde el punto de vista económico, estaba destinada a convertirse en uno de los principales atractivos del nuevo desarrollo urbanístico de la mayor ciudad de Galicia, desplegando parte de su crecimiento hacia una zona privilegiada situada a pie de ría al norte de la ciudad.

Burbuja inmobiliaria

Sin reparar en 2009 que ya la burbuja inmobiliaria se estaba resquebrajando en Estados Unidos y a nivel europeo desde hacía un año y medio antes, las instituciones se lanzaron a la operación de compraventa. Las fases posteriores a la transmisión de la propiedad incluían el desarrollo en algunos casos proyectos de fantasía, pero volcados la mayoría en la construcción conjunta de cientos de viviendas libres y de protección oficial. Los desencuentros entre el Concello de Vigo y el Gobierno gallego surgido de las urnas a finales de 2009, presidido por Alberto Núñez Feijoo, acabaron por enterrar aquellos idealistas planes de desarrollo urbanístico, aflorando, por el contrario, como una herencia envenenada, la deuda actual.

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