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La sociedad de gestión de suelo de la Xunta provisiona más de 14 millones para hacer frente a sentencias judiciales por expropiaciones

Economía Digital Galicia

Heriberto García, responsable de Vivenda e Solo, preside el consejo de administración de Xestur / Xunta

en A Coruña, 22 de septiembre de 2017 (06:00 CET)

 

Xestur, la Sociedade de Xestión do Solo de Galicia, hace números por lo que pueda venir. Y llegará por vía contencioso-administrativa. Será en gran medida por las reclamaciones judiciales derivadas de las expropiaciones realizadas en los últimos años. La sociedad pública, dependiente del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), se prepara al provisionar en su balance 14,2 millones de euros para hacer frente al resultado final de las reclamaciones.

La dotaciones que realizó Xestur en su balance de 2016, según las cuentas presentadas por la compañía, se reparten entre 12,6 millones a largo plazo y otros 1,5 millones a corto plazo. Al margen de estas dotaciones, que son provisiones para pagos de incrementos de precio de expropiaciones en base al coste del metro cuadrado fijado por el Jurado de Expropiaciones, las sentencias que se vienen produciendo por parte del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, y actualizando los intereses devengados, tuvieron como resultado el año pasado el pago por importe 3,9 millones en el polígono de  A Reigosa, en Ponte Caldelas; un millón de euros en Mos y 204.388 euros en Valdecorvos, en Pontevedra.

Xestur también tuvo que provisionar previamente, y después abonar el año pasado, otras resoluciones de jurados de expropiaciones, que se reparten entre A Sionlla (3,9 millones), As Gándaras (1,7 millones), y As Pontes, por unos 202.000 euros. Quedan pendientes provisiones en Arteixo, por 11,6 millones de euros, A Sionlla (2 millones) y Baamonde, por un millón. A mayores, la compañía pública ha pagado 4,7 millones por la devolución de anticipos de adjudicatarios del Ofimático, en A Coruña.

Los líos en el TSXG

A 31 de diciembre de 2016 Xestur estaba personada por su posición de beneficiaria de la expropiación en un total de 34 recursos contencioso-administrativos ante el TSXG, interpuestos por los titulares expropiados, como consecuencia del proyecto de expropiación del Parque Empresarial de As Gándaras, en Lugo. La resolución del Jurado de Expropiación de Galicia de 2014 fue impugnada, al haberse fijado un justiprecio del suelo de 16,44 euros el metro cuadrado, frente a los 13,79 euros fijados por la administración expropiante.

El justiprecio reclamado por los propietarios difiere en función de cada caso, aunque la propia compañía estima que suele rondar los 90 euros el metro cuadrado. El caso más llamativo es el de Adif, el gestor de infraestructuras ferroviarias dependiente del Ministerio de Fomento, que es el propietario de la parcela expropiada más importante en extensión que ha recurrido la resolución del citado jurado. Se trata de una superficie de 83.000 metros cuadrados, y el gestor público reclama un justiprecio de 41 euros.

Y también en el Supremo

De los 34 procedimientos ordinarios en tramitación en la actualidad ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso del TSXG, señala Xestur en su memoria del 2016, han recaído ya sentencia sobre tres de los mismos, "en los que no se ha practicado prueba pericial judicial, y donde, sorprendentemente, y utilizando, por analogía, un método comparativo en aras de una pretendida unidad de criterio jurisprudencial, que no puede ser aplicada a esta expropiación, se confirma el precio reclamado por los expropiados de 90 euros", explica la compañía.

Este importe, asegura, supone multiplicar en cinco veces y media el precio fijado por el Jurado de Expropiación de Galicia. Contra estas tres sentencias, por parte el letrado de Xestur, en calidad de beneficiaría de la expropiación, y por el letrado de la Xunta, en representación del Jurado de Expropiación de Galicia, se presentaron recursos de casación en el Tribunal Supremo. Xestur estima que de los procedimientos ordinarios, habrá sentencias en todos los casos, la treintena pendiente, a finales de este año o en el primer trimestre de 2018.

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