Vicenç Gavaldà, imputado por la falsificación de contratos de una empresa odontológica
El ex político democristiano cumple condena en régimen abierto por su implicación en el 'caso Pallerols'
La Guardia Civil ha imputado por la presunta falsificación de contratos y facturas para la obtención de financiación y créditos a un grupo de clínicas odontológicas a Vicenç Gavaldà, ex alto cargo de Unió ya condenado por el caso Pallerols, de financiación irregular del partido democristiano.
La Guardia Civil ha detenido a dos miembros del consejo de administración de Lasodent, un grupo de clínicas odontológicas, y ha imputado a un tercer integrante de dicho consejo, por la presunta comisión de los delitos de falsificación de contratos y facturas para la obtención de financiación y créditos. Lasodent contaba con establecimientos en Barcelona, Tarragona, Girona, Huesca y Santander.
El famoso ‘caso Pallerols’
Vicenç Gavaldà ingresó el 8 de mayo en la prisión de Can Brians para cumplir una condena de siete meses de prisión por el caso Pallerols, una trama de financiación irregular de UDC a través de cursos de formación para desempleados que se pagaban con fondos públicos y por la que también fueron condenados su hermano Lluís, ex alto cargo del Govern, y el empresario andorrano Fidel Pallerols.
Un mes después de su ingreso en prisión, Gavaldà obtuvo el tercer grado penitenciario, por lo que únicamente pernocta en la cárcel de lunes a jueves.
Un socio engañado
La operación Dentar tiene su origen en la querella presentada por un socio y miembro del consejo de administración de Lasodent, dirigida contra varias personas de la empresa por la presunta comisión de diferentes delitos en la administración de la sociedad.
La Guardia Civil pudo determinar que las tres personas implicadas habrían realizado apuntes contables falsos para incrementar el patrimonio de la sociedad y ofrecer apariencia de solvencia con el fin de engañar al resto de accionistas y también a futuros inversores y, de este modo, obtener financiación y concesión de créditos.
El ICF, entre los perjudicados
Entre éstos, destacaba el préstamo de 1,5 millones de euros aprobado por el Institut Català de Finances (ICF), justificado mediante la utilización de facturas falsas de proveedores y contratos de compra o traspaso de clínicas, también falsos, que sirvieron para justificar el destino del crédito. Las irregularidades de la documentación que paulatinamente se presentaba no fueron detectadas por los mecanismos de control de los analistas del ICF.
Los investigadores llevaron a cabo registros en las localidades barcelonesas de Santa Perpètua de Mogoda y Sant Cugat del Vallès, donde, además de incautarse documentación relacionada con el caso, se detuvo a los dos miembros del consejo de administración del grupo, ambos españoles y vecinos de esas poblaciones.
Posteriormente, se imputó al tercer implicado, también español y vecino de Barcelona. A todos se les imputa la presunta comisión de un delito societario, así como de falsedad documental y apropiación indebida.
Además, la Delegación Especial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de Cataluña investiga la presunta comisión de dos delitos fiscales, cometidos los años 2009 y 2010. La sociedad –hoy en día en concurso de acreedores– presentaba un déficit de 9,5 millones de euros.
