Una de las juezas del Prestige para nueva Valedora do Pobo

El PP propone a la magistrada María Dolores Fernández Galiño para relevar a Milagros Otero en el cargo de Valedora do Pobo

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El Partido Popular ha propuesto a María Dolores Fernández Galiño como nueva Valedora do Pobo. La última, Milagros Otero, presentó su renuncia el pasado martes tras verse salpicada por el enchufe en la institución de la sobrina de Manuel Fraga, María Puy.

Tras cuatro meses de interinidad de Otero, los populares proponen el nombramiento de la magistrada Fernández Galiño, licenciada en Derecho por la Universidade de Santiago de Compostela y una de las juezas en la Sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña que formó parte del tribunal del caso Prestige en 2012.

El PP necesita apoyos

El Grupo Popular registró en la mañana de este miércoles ante la Cámara la propuesta para que Fernández Galiño se convierta en Valedora do Pobo, designación que debe ser respaldada por una mayoría cualificada, es decir, tres quintas partes del pleno del Parlamento de Galicia.

De este modo, el Partido Popular necesita del apoyo de alguno de los grupos de la oposición –PSdeG, En Marea y BNG– para que su propuesta salga adelante, ya que sus 41 diputados no son suficientes para alcanzar dicha mayoría cualificada, fijada en 45.

El PSOE facilitará el nombramiento 

El secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, ya manifestó que no obstaculizará la “regeneración” de la institución después de que hace más de un año que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) sentenció que «había una ilegalidad» en el nombramiento de un alto cargo y que «casualmente era un pariente de altos cargos del PP». «Era una necesidad de higiene democrática y tuvimos que hacerle una presión continua al presidente de la Xunta para que obligase a que se tomasen decisiones determinantes que implicasen el cese efectivo de la valedora», manifestó.

Con todo, Caballero consideró que «el problema político en el PP y Feijóo sigue estando encima de la mesa» porque fueron «cómplices» durante más de un año «de esas irregularidades». «Creemos que era una decisión necesaria pero no es una decisión suficiente para que las instituciones funcionen de forma adecuada en Galicia”, sentenció el dirigente socialista.

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