Un ‘Watergate’ amenaza el futuro político de Sarkozy 

La juez Sylvie Zimmermann está dispuesta a ir hasta el final de un 'affaire' que incluye política, dinero, espionaje desde el aparato del Estado, pulso entre prensa y poder político y escuchas a periodistas 'molestos'

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A escasos meses para la celebración de las presidenciales francesas (previstas para el segundo trimestre del 2012), un turbio asunto amenaza el futuro político del presidente Nicolas Sarkozy. Un caso con reminiscencias al Watergate y con todos los ingredientes de una buena novela negra: política, dinero, espionaje desde el aparato del Estado, pulso entre la prensa y el poder político y escuchas telefónicas a periodistas molestos para descubrir sus fuentes de información.

La juez Sylvie Zimmermann, encargada del caso, parece dispuesta a ir hasta el final de un affaire que podría tener consecuencias políticas ahora inimaginables. De momento, la prensa francesa ha revelado que la magistrada tiene la prueba de que los servicios secretos investigaron los extractos telefónicos de un periodista del diario Le Monde, Gérard Davet, cuando éste investigaba un caso de conflicto de intereses que afectaba al entonces ministro de Trabajo, Éric Woerth, y que acabó costándole el puesto el pasado noviembre.

Hasta el propio ministro del Interior, Claude Guéant, reconoció el jueves pasado en la emisora France Info que los servicios secretos habían investigado las “conversaciones telefónicas” del periodista con el fin de “buscar al autor de la divulgación, en el seno de la administración, de las diligencias procesales”. Unos hechos que calificó de “escandalosos”.

Pero los abogados de Le Monde, que ha denunciado el espionaje sufrido por su redactor, han calificado estas declaraciones como un intento de “salvar los muebles” y de que no se vean implicadas las más altas instancias del Estado.

Una cédula de contraespionaje en el Elíseo

De momento, se espera que la juez cite a declarar antes de finales de este mes al jefe de los servicios secretos, Bernard Squarcini, y al director de la policía, Frédéric Péchenard, quienes de momento aparecen como los dos máximos responsables de este asunto.

Pero la prensa francesa, especialmente la identificada con la izquierda, especulan estos días con la existencia de una célula de contraespionaje en el mismo seno del Elíseo, bajo el mando directo del titular de Interior. No han dudado en calificarla como una Stasi a la francesa, en referencia a la policía política de la antigua República Democrática Alemana.

‘El cardenal’

Guéant es un oscuro personaje, conocido en los pasillos del Elíseo como el cardenal (comparándolo al cardenal Richelieu, brazo ejecutor de la política absolutista del rey Luis XIII en la primera mitad del siglo XVII). Ocupó el cargo de secretario general de Presidencia desde la llegada al poder de Sarkozy, en 2007, hasta su nombramiento como ministro del Interior a finales del pasado febrero.

Los politólogos franceses aseguran que Guéant, que en los pocos meses que lleva como ministro ha provocado varias polémicas por sus exabruptos contra la inmigración (sobre todo de origen islámico), era el más estrecho colaborador de Sarkozy y dicen que no se movía un dedo en el palacio presidencial si no era con su aprobación. Y como tal, nadie duda de que no informase de todo a su jefe directo, Sarkozy.

Hace unos meses, el semanario satírico Le Canard Enchaîné, publicó que Sarkozy dio orden directa a Squarcini de “controlar a periodistas molestos para el poder”. El Elíseo y el jefe de los servicios secretos lo desmintieron, pero la publicación mantuvo sus acusaciones.

Fraude fiscal de la heredera de L’Oréal

El origen de este escándalo es otro que el presidente francés creía controlado desde hacía meses, exactamente desde la dimisión de su ministro Woerth.

A finales de 2007, poco después de la entrada en el gobierno de Éric Woerth, su esposa Florence entra a trabajar en la sociedad Clymène, que gestiona la fortuna de Liliane Bettencourt, la multimillonaria heredera del imperio L’Oréal y una de las tres personas más ricas del país.

A mediados de 2010, Mediapart, un diario electrónico creado en 2008 por ex periodistas de Le Monde, publica la existencia de grabaciones ilegales realizadas por un mayordomo de Bettencourt y que demostrarían un fraude fiscal de la multimillonaria, con bienes y cuentas en el extranjero que no tiene declaradas al fisco francés, cuyo máximo responsable es… Éric Woerth. Y su mujer, trabajando en la sociedad que gestiona el patrimonio de Bettencourt y que, por lógica, debe estar al corriente del presunto fraude.

Por si fuera poco, ex colaboradores de Bettencourt denuncian donaciones en metálico, en cantidades superiores a las legales, al partido de Sarkozy para financiar su campaña en 2007. Y el tesorero de la formación del presidente era entonces, curiosamente, Éric Woerth.

Jueces cercanos a ‘Sarko’

Cuando Sarkozy fue consciente de que el escándalo Woerth podía afectarle directamente, aconsejó a su fiel colaborador que abandonara el gobierno y éste así lo hizo en noviembre pasado. Pero ahora aparece de nuevo su fantasma.

El caso, de hecho, no es nuevo y las primeras denuncias se remontan a hace más de un año. Tiempo durante el cual, tres de los medios que más investigaban el tema (Le Monde, Le Point y Mediapart) sufrieron misteriosos robos de ordenadores portátiles y CDs que contenían informaciones sobre el caso. La prensa denunció en varias ocasiones las maniobras de jueces cercanos a Sarkozy para tratar de acallar el escándalo.

Un libro que le puede costar la carrera política

La polémica se ha visto relanzada ahora por el reciente reconocimiento por parte de altas instancias del Estado de la vigilancia a periodistas, la tenacidad de la juez Zimmermann, que parece dispuesta a tirar de la manta hasta el final, y la reciente aparición de un libro (Sarko m’a tuer) escrito por dos periodistas (uno de ellos es el redactor de Le Monde a quien investigaron sus conversaciones telefónicas) en las que 27 personalidades francesas denuncian haber sido víctimas de la cólera y de las represalias del presidente.

Entre ellas una juez, Isabelle Prévost-Desprez, que asegura que un testigo del caso Bettencourt admitió pagos en metálico y directamente a Sarkozy para sufragar su campaña.

La prensa no duda en calificar este asunto como una “auténtica bomba” que puede explotar a Sarkozy a escasos ocho meses de las presidenciales.

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