Un nuevo macro proyecto minero sacude Bergantiños

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Un empresario juzgado por delitos ambientales en Madrid obtiene la autorización de la Xunta para explorar más de 4.000 hectáreas en Zas, Vimianzo, Santa Comba y Coristanco

Protesta contra la mina de oro en Corcoesto

en A Coruña, 24 de enero de 2016 (13:52 CET)

Una empresa domiciliada en Madrid, Grupo M-FM 2001, S.L., ha obtenido un permiso de exploración para buscar oro y fines en más de 4.000 hectáreas de terreno repartido entre Zas, Vimianzo, Santa Comba y Coristanco, un total de 126 cuadrículas mineras, superficie cinco veces superior a la de la polémica mina de Corcoesto.

Se trata de un permiso de investigación, un primer paso para comprobar la presencia del metal dorado en los terrenos, pero ha puesto en alerta a los colectivos contra la minería agresiva por su enorme tamaño desde la publicación en el DOG el 15 de enero.

El estudio minero está en fase de información pública. La plataforma Salvemos Cabana y la Asociación Ambiental Contramínate ya han manifestado que presentarán alegaciones al expediente en el plazo abierto de 30 días para tal fin.

La empresa

Grupo M-FM 2001 se constituyó en 2001 y tiene en su objeto social la solicitud y adquisición de derechos mineros, así como la explotación industrial minera, según los datos del Registro Mercantil.

El administrador único de la sociedad, con un capital social de 3,8 millones, es Antonio Miranda Rojas, lo que vincula a la empresa con un grupo de pequeñas constructoras, inmobiliarias y empresas extractivas.

Entre ellas está Tico SA, que fuera acusada por la Fiscalía por daños ambientales en el Parque Regional del Sureste de la Comunidad de Madrid. Tico, que tiene también como administrador único a Antonio Miranda Rojas, extrajo tierras dentro del parque sin contar con la preceptiva declaración de impacto ambiental que exigía una zona de especial protección para las aves (ZEPA), según el escrito del fiscal.

La Comunidad de Madrid resolvió que debía restaurar los terrenos en los que había operado sin declaración ambiental, pagar una multa de 240.000 euros y una indemnización de 827.000. La empresa recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sin lograr resultado alguno.
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