Trece años del Prestige, la tragedia de los 4.000 millones que acabó sin culpables

stop

El hundimiento del petrolero desató una gran movilización ciudadana, desalojó a Fraga de la Xunta e impulsó la burbuja de los parques industriales en la costa gallega

Hundimiento del petrolero Prestige

en A Coruña, 13 de noviembre de 2015 (17:45 CET)

Hace trece años, un petrolero a la deriva frente a la costa de Galicia ocupaba las portadas de todos los periódicos. La amenaza de una marea negra quitaba el sueño a la Xunta y al Ejecutivo en Madrid, que tenía a Mariano Rajoy como portavoz. Nadie sabía qué hacer con el Prestige, ensamblado hacía ya 26 años en Japón y con evidentes desperfectos.

En los medios se escuchaba de todo. Acercar el barco a la costa, alejarlo, explosionarlo... El buque no llegó a ninguna parte. Se partió en dos y se hundió a 62 millas de Galicia. El Prestige yació en el fondo del mar pero el chapapote llegó a la costa, una marea negra que generó daños por valor, según estimaciones de la Fiscalía, de 4.328 millones.


Voluntarios de España y del resto del mundo se sumaron a los ciudadanos gallegos que ataviados con trajes especiales acudieron en masa a limpiar las costas. En las ciudades creció una ola de indignación por la incapacidad política para evitar la tragedia, que se canalizó en un amplio movimiento que tomó el nombre de Nunca Máis. Fue el principio del fin del que fue eterno presidente de la Xunta, Manuel Fraga.


Y también fue el comienzo de una burbuja de parques empresariales que pactaron entre la Xunta y la Sepi como una manera de reactivar económicamente a las zonas afectadas por el vertido. Se proyectaron 20 polígonos que deberían atraer a más de 1.000 empresas y generar 8.000 puestos de trabajo. Como suele suceder, el plan que sujetó el papel no se aguantó sobre tierra firme. Se construyó una parte de los parques, con mucha demora, con una inversión inferior a la prevista y con escasa incidencia en la reactivación económica pretendida.


Para el juicio todavía hubo que esperar más, una década. Concluyó sin culpables –ni el Gobierno ni el director de la Marina Mercante, López Sors-- a excepción del capitán griego del buque, Apostolos Mangouras. Pero ni siquiera se lo acusó de delito medioambiental, sino de desobediencia por desobedecer la orden de las autoridades españolas de remolcar el buque.


La Fiscalía pidió la anulación de la sentencia en septiembre de este año al considerar que no se valoraron documentos clave que hubieran llevado a un delito medioambiental.

Suscribir a boletines

Al suscribirte confirmas nuestra política de privacidad