Todos contra Soria: un aluvión de recursos hacen frente a la reforma eléctrica

Cuando el Gobierno central se propuso combatir el déficit de tarifa a golpe de recorte a las bonificadas energías renovables, se inició una batalla que solo podía acabar en los tribunales, toda vez que el ministro de Industria, José Manuel Soria, dejó claro que no estaba dispuesto a ceder, y las eléctricas que no se iban a quedar mirando. Esta semana, en un acto organizado por la patronal eólica catalana, el despacho Tornos Abogados cifró en 350 los recursos que acumulaba la nueva normativa por parte de empresas, patronales y asociaciones sectoriales, ayuntamientos y autonomías. No faltará trabajo en el Supremo.

Las distintas asociaciones, como Acogen –que agrupa las plantas de cogeneración– o la Asociación Empresarial Eólica, han instado a las empresas a interponer recursos individuales, además de sumarse a las iniciativas de las propias patronales. La cuestión es hacer presión y Galicia está respondiendo. Norvento, Coren, Megasa o Finsa, entre otras, se han plantado frente a la reforma eléctrica en los tribunales. La última en adherirse fue la maderera con sede central en Santiago, que apelará al Supremo para intentar paliar los daños que imprime el recorte a las primas de la cogeneración en su planta de Teruel, la antigua Utisa, que utiliza gas natural. Las centrales gallegas de la compañía no han salido tan mal paradas por la reforma debido a que cogeneran con fueloil.

¿Hay posibilidades de ganar?

La sociedad Lucense de Energía Hidráulica y Eólica, Hidroeléctrica de Ourol e Hidroeléctrica del Arnoya, vinculada al empresario Luis Castro Valdivia, así como Energías de Pontevedra, también han visto como sus recursos prosperan en el Tribunal Supremo, que los admitió a trámite. Se suman a compañías con presencia en Galicia como Gas Natural Fenosa, EDP o la propia Ence, que advirtió por activa y por pasiva del severo impacto que tendría el recorte de primas en su balance de resultados.

Si bien son muchos los que recurren, los argumentos, informan fuentes del sector, acostumbran a parecerse entre sí. Apelan a la inseguridad jurídica y al carácter retroactivo de los recortes, que han puesto en peligro la rentabilidad de grandes inversiones activadas bajo “unas reglas de juego que se modificaron sobre la marcha”. Se concluye que las plantas están por debajo del concepto de “rentabilidad razonable” y, en las comunidades autónomas, todavía alegan que una injerencia del Ejecutivo central en sus competencias.

¿Hay posibilidades de ganar los recursos? “Es cierto que hay una voluntad de hacer presión, pero ninguna empresa interpondría un recurso si no ve posibilidades de que prospere”, responden en una de las compañías gallegas que llevó su caso al Supremo.