Tirón de orejas de la Audiencia Provincial a De Lara por la investigación a Monbús
El órgano judicial le obliga a levantar el secreto de sumario de la denominada 'Operación Cóndor', que tiene al empresario Raúl López, dueño de la empresa de transportes, entre los principales investigados
La jueza Pilar de Lara se caracteriza por abarcar mucho y apretar poco. Esto le ha valido una vez más para que la Audiencia Provincial de Lugo le llame la atención sobre el «tiempo desmedido» que lleva bajo secreto de sumario la denominada ‘Operación Cóndor’ en la que Raúl López, propietario de Monbús, figura entre los principales investigados.
En un auto del pasado mes de marzo que no se ha conocido hasta ahora, el órgano judicial provincial reclama a la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo que proceda a abrir el sumario, una decisión a la que la juez ha respondido solicitando una prórroga de diez días, hasta el próximo 22 de junio.
Demasiada dilación
Concretamente, la sala de la Audiencia Provincial señala en su auto de marzo que «ya ha reiterado en múltiples ocasiones la necesidad de que una situación tan anómala como la de mantener unas diligencias abiertas de investigación en situación de secreto no se puede prolongar en el tiempo de una manera excesivamente dilatada».
En la ‘Cóndor’, la Audiencia Provincial cree que confluyen datos que coinciden con esa línea argumental, y apunta la «peculiaridad anómala» que «concurre» en esta causa, que es la «reiteración con la que el juzgado opta por dilatar en el tiempo la notificación de los autos en los que acuerda esa prórroga». También apunta que se ha dirigido en varias ocasiones al juzgado para pedirle «celo en no dilatar esas comunicaciones, ante la incertidumbre lógica que genera en la parte que desconoce si las diligencias siguen secretas o no».
Excepciones aisladas
Finalmente, la Audiencia Provincial hace la «precisión» de que «resultando ya muy desmedido en el tiempo el periodo de secreto, el juzgado ha de levantar el secreto de las actuaciones», y sólo podrá mantener oculto «algún extremo y de manera muy justificada», para evitar, como había apuntado la juez en su respuesta, «que el conocimiento de parte de las actuaciones, sobre todo de las que están pendientes de practicar, pueda frustrar el buen éxito de la instrucción».
