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Los convenios firmados por José Blanco y Ana Pastor forzarán subidas de peaje en la AP-9 y pagos directos a Audasa que blindan sus ingresos

Rubén Rodríguez

Ana Pastor y José Blanco firmaron convenios con la concesionaria de la AP-9 que blindaron la subida de los peajes

en A Coruña, 19 de abril de 2017 (05:00 CET)

Los usuarios de la AP-9 afrontarán nuevas subidas de peaje tras tres años en los que las tarifas se mantuvieron prácticamente congeladas, con ligeros descensos a comienzos de 2016 y 2017. La concesionaria de la autopista litiga contra la del último ejercicio, al entender que debía comenzar a ser compensada por los descuentos aplicados en determinados tramos del vial del área de Vigo y Pontevedra. Básicamente, descuenta el 50% del viaje a los vehículos que hacen ida y vuelta en el mismo día a través de telepeaje.

Fomento acordó que el importe que dejara de ingresar por estas bonificaciones le sería compensado a través de “una actualización extraordinaria de tarifas” en el Real Decreto 103/2013. Lo firmó Ana Pastor, a pesar de que este martes la Xunta echaba la culpa al Gobierno de Rodríguez Zapatero, si bien es cierto que Pastor repitió la misma fórmula que dos años antes había utilizado José Blanco, entonces ministro de Fomento, para compensar a Audasa por las obras de la AP-9.

La concesionaria de la AP-9 compensará 99,5 millones invertidos en la ampliación del vial con subidas de peaje

Y es que Gobiernos de uno y otro color accedieron a compensar con subidas de peaje las actuaciones de la concesionaria, ya fuera por ampliaciones del vial o por descuentos en determinados tramos. El convenio que firmó el Ejecutivo de Mariano Rajoy, con Ana Pastor blandiendo la pluma, tiene una cuenta pendiente de restituir a la concesionaria de 15,2 millones. Sería la cuantía equivalente al dinero que dejó de ingresar por los descuentos aplicados y 1,5 millones de la “actualización financiera de dicho importe”, especifica Audasa en sus cuentas.

De la compensación por las obras de ampliación en Rande y en Santiago, que no forman parte del actual contencioso administrativo, se encargó el Gobierno de Rodríguez Zapatero, con José Blanco como ministro de Fomento. Un convenio clave, que estableció la fórmula que luego repetiría Ana Pastor, fijó como compensación a las dos actuaciones en el vial un “incremento moderado de tarifas hasta compensar las inversiones”. Las inversiones a restituir a la concesionaria ascendían a cierre del último ejercicio a 99,5 millones.

El incremento moderado se cifra en el documento en un 1% durante 20 años a partir del 1 de enero del año siguiente al que finalicen las obras. Así quedó establecido en el Real Decreto 1722/2011, que especificaba también el compromiso de Audasa para obtener la financiación de la obra a través de la emisión de obligaciones y consagraba los peajes para la conexión entre Sigueiro y Santiago como compensación a la ampliación del enlace.

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Ana Pastor insistiría en la fórmula de la subida de peajes con la ampliación todavía pendiente de ejecutar de Alfonso Molina así como la construcción del Vial 18, que debe unir la Tercera Ronda coruñesa con la AP-9. En 2012 firmó un protocolo que contemplaba una subida de los peajes para compensar a la concesionaria por la ejecución de las actuaciones. El convenio nunca llegó a firmarse y será, finalmente, Fomento, quien asuma las obras, aunque no está muy claro cuando.

Frente a la subida de peajes, que carga sobre los usuarios de la vía el peso de la compensación, la actual presidenta del Congreso establecería en 2015 una nueva fórmula de satisfacer a Audasa por la rebaja del 43,5% en el peaje del tramo Puxeiros-O Porriño para vehículos pesados. El cálculo era más ventajoso, pues el convenio establecía que "en el caso de que la aplicación de la medida suponga una pérdida de ingresos para la sociedad concesionaria, la Administración General del Estado aportará la cantidad necesaria para recuperar dicha disminución, mediante un único abono a Audasa, a sesenta días vista de la presentación de la memoria justificativa correspondiente al último mes de vigencia del convenio".

Es decir, en caso de que el aumento de vehículos en el tramo fuera suficiente para mantener los ingresos de la concesionaria pese a los descuentos en los peajes, el Gobierno se libraba de indemnizarla. En caso contrario, era Fomento quien asumía la compensación, en lugar de los usuarios.

 

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Audasa (AP-9)
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