Soria ofrece “financiación blanda” al naval para pasar página del ‘Tax Lease’

El ministro presenta un paquete de medidas de apoyo que incluyen créditos a la exportación

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El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha presentado este lunes un paquete de medidas de apoyo al sector naval. Los estímulos propuestos por Soria se basan en «financiación blanda y créditos a la exportación», con el objetivo de recuperar la confianza de los inversores y dejar atrás los traumas ocasionados por la devolución del Tax Lease.

De hecho, el encuentro celebrado este lunes entre el ministro, las comunidades autónomas afectadas, los sindicatos y la patronal del sector naval, se ha cerrado con la convicción de los distintos actores de pasar página respecto a la devolución de las ayudas.

Préstamos ICO

Soria ha indicado a los medios que «no es un paquete de dinero», sino de préstamos ICO «a unos intereses inferiores» a los de mercado y coberturas a través del CESCE para la exportación de buques.

Estas medidas, elaboradas conjuntamente por los ministerios de Industria, Hacienda y Economía, se suman al nuevo sistema de ayudas a la financiación de la construcción naval ya en vigor, después de que la Comisión Europea (CE) dictaminara la devolución de los beneficios fiscales del anterior mecanismo.

Restaurar la confianza

Tras el encuentro, Soria ha indicado a la prensa que el Gobierno mantiene su intención de presentar antes del 28 de septiembre el recurso en contra de la decisión de la Comisión Europea sobre los ‘tax lease’, pero enfatizó que ahora el «objetivo claro» para los agentes del sector y las administraciones es «restaurar la confianza» y «poner en valor» el nuevo esquema de funcionamiento de la actividad naval.

En este sentido, ha indicado que el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, ha informado durante la reunión que se están realizando gestiones para determinar el importe de las ayudas del periodo 2007-2011 que tendrán que devolver los inversores y que se conocerán antes del 18 de septiembre.

Estas gestiones implican llegar a un acuerdo con la Comisión Europea sobre la interpretación de los términos de la decisión y, aunque todavía se desconocen, Soria ha reiterado que la cifra final será «muy inferior» a los 2.000 millones de euros de los que inicialmente se había hablado.

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