La llegada del AVE a Galicia dispara las reclamaciones contra Adif por sobrecostes

El gestor de infraestructuras elevó el año pasado un 75% sus provisiones para hacer frente a las demandas de las constructoras

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Los dos últimos años han sido críticos para la llegada del AVE a Galicia. Las dificultades técnicas, los conflictos con las constructoras y el año de interinidad política derivaron en la situación actual, con el compromiso de Fomento de culminar las obras en el tercer trimestre de 2019 con una alta velocidad provisional. Actuaciones como las variantes de Ourense y Vigo, o las proyectadas estaciones intermodales, quedarán para años posteriores.

En los ejercicios de 2015 y 2016, los Presupuestos Generales del Estado habían consignado 924 millones y 773 millones, respectivamente, para avanzar en la conexión ferroviaria, aunque se acabaron ejecutando menos. Hasta 17 tramos llegaron a estar bloqueados en la conexión entre Ourense y Zamora, entre ellos, adjudicaciones a empresas del grupo ACS de Florentino Pérez entre Lubián y Ourense. La constructora entabló una negociación sobre la resolución técnica y los sobrecostes con Adif, que no se resolvió hasta comienzos de este año.

En este escenario de ralentización, los conflictos abiertos con el gestor de infraestructuras ferroviarias provocaron un incremento de las provisiones de un 75% en un año por los litigios mantenidos con las constructoras. Estas provisiones por reclamaciones de las adjudicatarias –básicamente, revisiones de precios y otros sobrecostes por la ampliación de plazo de las obras o por errores técnicos en las mediciones– ascendían a 149,6 millones a cierre de 2015, según consta en las cuentas de Adif Alta Velocidad, la empresa que se dedica a la construcción y mantenimiento del AVE. Doce meses después, se elevaban a 262,7 millones.

Adif provisiona 262,7 millones para atender las reclamaciones de las constructoras del AVE y 57 millones por demandas de los expropiados

En Adif aclaran que el montante total provisionado es mayor, 320,3 millones, al corresponderse otra dotación de más de 57 millones para las discrepancias pendientes por los terrenos expropiados para la ejecución de la infraestructura. Es decir, por reclamaciones de los expropiados. El gestor de infraestructuras no ofrece datos totales ni desglosados sobre reclamaciones y remite a la cuantía provisionada como referencia de las demandas en curso.

Estos fondos se reservan para el conjunto de las obras del AVE, si bien fue en el año de parálisis administrativa en el desarrollo de la alta velocidad a Galicia cuando se dispararon las reclamaciones. A este montante hay que añadir una provisión adicional de 225,6 millones que Adif tiene consignada para distintos litigos en curso relacionados con “reclamaciones por responsabilidad patrimonial y expropiaciones”. Esta partida ya constaba el año anterior. Se rebajó en 32 millones respecto al ejercicio previo por la resolución de acciones judiciales.

 

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