El conselleiro de Sanidad de la Xunta, Jesús Vázquez Almuíña, durante una intervención en el Parlamento de Galicia | EFE

Seis años de contratos temporales en el Sergas

Los tribunales condenan al Sergas a contratar a una doctora que llevaba más de seis años encadenando contratos temporales de manera “fraudulenta"

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) desvela una de las caras de la crisis en la sanidad gallega, la que afecta a los profesionales. La Sala de lo Contencioso ha condenado al Sergas a hacer indefinida a una doctora que encadenó contratos temporales durante más de seis años de forma "torticera" y "fraudulenta". El tribunal ratifica el fallo del Juzgado de lo Contencioso número 3 de A Coruña y da la razón a la facultativa de obstetricia respecto al carácter fraudulento de su contratación.

Esta profesional encadenó desde el 1 de junio de 2011 contratos temporales de seis meses o un año de duración. Los magistrados consideran, a pesar del recurso de la Xunta, que es evidente que estos, a lo largo del tiempo, por temporales y eventuales que se hagan parecer, trataban de ocultar por una torticera vía una vinculación indefinida de personal", la cual "se prolongó en el tiempo más de seis años ininterrumpidos".

Indefinida desde 2012

La sentencia obliga al Sergas a hacer indefinida a esta profesional desde el 1 de junio de 2012, ya que desde esa fecha considera que está probado "el carácter estructural del puesto desempeñado".

"Calificamos de fraudulenta esa relación jurídica porque siempre que en los nombramientos de personal estatutario temporal eventual se hubieren rebasado los plazos máximos (12 meses en un periodo de 24), no se hubiera definido con claridad y precisión el motivo de la temporalidad o, habiéndose referido el mismo, la plaza cubierta fuera de carácter estructural, habrá de entenderse que se ha realizado en fraude de ley y, por tanto, de forma irregular", argumenta la sección primera del TSXG en sus fundamentos de derecho.

La sentencia estima parcialmente el recurso del Sergas al eximirle del pago de costas del proceso. Contra este fallo cabe recurso de casación.

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