Impacto visual en un parque eólico en A Costa da Morte

Salvemos Cabana carga contra la ley de fomento empresarial de la Xunta

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El colectivo conservacionista Salvemos Cabana denuncia que la nueva legislación es incompatible con la protección del medio ambiente gallego

A Coruña, 11 de septiembre de 2017 (11:39 CET)

Una agilización administrativa mal entendida puede traer graves consecuencias para el medio ambiente gallego si no se hace bien. Al menos así lo cree el colectivo Salvemos Cabana que, tras analizar la nueva ley de fomento empresarial que impulsa la Xunta, ha concluído que lo que promueve esta nueva regulación es incompatible con la protección del entorno.

Según explican en un comunicado, la Proposición de Ley defendida por el PP en la cámara autonómica pretende la simplificación de la tramitación ambiental de proyectos eólicos y mineros y la reducción significativa de plazos de información pública, lo que impediría la correcta evaluación de los impactos causados por las iniciativas industriales y el debate social pertinente sobre su conveniencia o no para las comunidades.

La simplificación de la tramitación ambiental impide la correcta evaluación de los impactos en el medio ambiente

Salvemos Cabana alerta de que el borrador del texto legal, que considera “una verdadera oda al neoliberalismo más crudo”, podría convertir todo el territorio gallego en una suerte de parque industrial a costa otros sectores económicos tradicionales como la agricultura y la ganadería, fundamentales en el ámbito rural.

Facilidades a proyectos eólicos y minería

Además, apunta que el texto recoge “afirmaciones contrapuestas y sin sentido”, como cuando habla del sector eólico y el compromiso de la Xunta de garantizar la sostenibilidad ambiental y proteger al medio natural con un escrupuloso respeto a la Red Natura 2000, cuando la realidad es que desde la actual Administración autonómica se están autorizando a las grandes eléctricas repotenciaciones de parques eólicos situados dentro de zonas protegidas a nivel europeo sin mayores problemas.

Salvemos Cabana carga también contra el procedimiento integrado que promulga la nueva ley, que incorpora en un "todo en uno" las distintas autorizaciones sectoriales. En el caso de la minería, explica que "los derechos mineros que llevan implícita la declaración de utilidad pública, en virtud de la legislación básica, podrán incorporar a su tramitación la la declaración de la necesidad de ocupación de los bienes o derechos que sean indispensables para el inicio del proyecto", lo que sitúa en una situación de práctica indefensión a los propietarios afectados, pues de salir adelante esta norma la fase de información pública pasaría en la práctica a tener un carácter meramente testimonial, sin apenas efecto sobre la decisión administrativa.

 

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