Alto da Fernandiña, zona afectada por la línea de evacuación eléctrica del proyecto eólico Pena Forcada-Catasol II, en la Costa da Morte

Salvemos Cabana acusa a la Xunta de estar al servicio de las grandes eléctricas

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El colectivo denuncia que Naturgy ha empezado a deforestar la zona donde prevé levantar un parque eólico cuya línea de evacuación carece de permiso ambiental

Economía Digital Galicia

Alto da Fernandiña, zona afectada por la línea de evacuación eléctrica del proyecto eólico Pena Forcada-Catasol II, en la Costa da Morte

A Coruña, 11 de julio de 2018 (17:04 CET)

Las máquinas han entrado en el Monte Chans, la zona donde Naturgy prevé levantar el parque eólico Pena Forcada-Catasol II que, como denuncia Salvemos Cabana, aún carece de permiso ambiental para su línea eléctrica de evacuación y las alegaciones a ésta aún no han sido contestadas.

Según explican desde el colectivo, una empresa contratada por Naturgy (antigua Gas Natural Fenosa) ha comenzado con los trabajos de desmonte “ante la aparente inacción” del Concello de Laxe, “desde el que tampoco se ha hecho público (o al menos la población no lo conoce) si esta operación tiene en regla todos los permisos y si la autoridad municipal llegó a presentar recurso contra la autorización administrativa del proyecto eólico Pena Forcada-Catasol II”.

Evaluación de impacto ambiental

Para Salvemos Cabana, la Consellería de Industria demuestra una vez más que está “al servicio de las grandes eléctricas en el proyecto eólico”, fragmentando artificialmente un proyecto que debería ir unido, dado que la puesta en funcionamiento del parque eólico Pena Forcada-Catasol II “conlleva necesariamente la utilización de un tendido eléctrico” y que, por tanto, el procedimiento ordinario de evaluación ambiental debería afectar a la totalidad del proyecto.

“Esta situación reafirma una vez más que la Consellería de Economía e Industria, con su titular Francisco Conde a la cabeza, actúa al servicio de las grandes empresas del sector eléctrico pero no así del interés general de la población, todavía más desde la imposición de la Ley 5/2017, de fomento de la implantación de iniciativas empresariales en Galicia, una norma diseñada por y para el beneficio de las grandes corporaciones”, critican desde el colectivo.

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