Ruz termina la investigación de Gürtel con 45 imputados, la mitad del PP

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El juez de la Audiencia Nacional describe las adjudicaciones de administraciones del PP para lograr comisiones

29 de julio de 2014 (13:48 CET)

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha concluido una parte de la investigación del 'caso Gürtel' para llevar a juicio a 45 imputados, entre los que se encuentran políticos como el extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas y el exconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo; los presuntos líderes de la trama, Francisco Correa y Pablo Crespo, y varios empresarios.

También se sentarán en el banquillo de los acusados el extesorero del PP Álvaro Lapuerta, el antiguo responsable de las fianzas de Alianza Popular (AP) Ángel Sanchís, los exalcaldes de Majadahonda Guillermo Ortega y Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda y el exdiputado Jesús Merino. De estos 45 imputados, 21 serán juzgados por estos hechos y otros 24 continuarán encausados en la causa principal o en otras piezas separadas.

En un auto dictado este martes, el magistrado abre una pieza separada sobre la "primera época" de la trama Gürtel, en la que se analizan los actos delictivos que se produjeron en la Comunidad de Madrid, Castilla y León y el Ayuntamiento de Estepona (Málaga) entre los años 1999 y 2005. Ruz excluye las operaciones en los Ayuntamientos de Boadilla del Monte, Arganda del Rey y Alcalá de Henares porque las actividades se prolongaron después de este periodo.

Las comisiones


Citando un informe de la Fiscalía Anticorrupción, el juez describe el mecanismo que la trama 'Gürtel' empleó en estas administraciones, gobernadas por el PP, para conseguir "adjudicaciones ilícitas para sus empresas mediante un entramado de sociedades por las que se canalizaban las dádivas, pagos de comisiones y pagos a proveedores a través de un sistema de facturación falsa".

El juez destaca que, a través de las sociedades de Correa, "se encubrían las comisiones cobradas por los imputados, se facilitaba la concesión irregular de contratos públicos, adjudicaciones de distintas obras y se ocultaba a las autoridades y a Hacienda esos beneficios ilícitos". Esos fondos habrían sido expatriados a través de un entramado de sociedades y cuentas bancarias en el extranjero.

Los delitos que el juez imputa a estas 45 personas son los de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraude a la administración pública, falsedad documental, delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales, estafa, apropiación indebida y asociación ilícita en el ámbito de la contratación.
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