Alberto Núñez Feijóo y Mariano Rajoy

Rajoy tumba las iniciativas más 'progres' de Feijóo

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El Gobierno recurrió la normativa que protegía a los clientes de las eléctricas, vetó la devolución del dinero a los preferentistas y el traspaso de la AP-9

A Coruña, 27 de marzo de 2017 (05:00 CET)

A Mariano Rajoy y a Alberto Núñez Feijóo se les supone una buena sintonía, no sólo por ser ambos gallegos y del mismo partido político, sino por el apoyo explícito que ha dado el presidente de la Xunta al presidente del partido, y viceversa, en los últimos envites electorales. Las muestras de lealtad y la cacareada influencia y proyección de Feijóo en Madrid, han convivido con bastantes momentos de fricción entre Administraciones, en las que pocas veces ha salido victorioso el presidente gallego.

El último caso fue la anulación por parte del Tribunal Constitucional de varios preceptos de la Ley de Acompañamiento de la Xunta tras un recurso del Gobierno central. Los artículos anulados pretendían blindar al cliente contra los cobros estimados de las eléctricas, de manera que las compañías necesitarían el consentimiento expreso del usuario para realizarlos, pues no tenerlo podría ser motivo de sanción. El Constitucional consideró que esta medida invadía competencias estatales.

Todo gestión, nada de ideología

Los recursos ante el Constitucional, salvo cuando derivan del proceso soberanista catalán, suelen ser defendidos en el terreno político como un mecanismo automático y técnico, sin carga ideológica.

El PP, con Feijóo en la Xunta, es el partido desideologizado por antonomasia, frente a la oposición “sectaria”, que diría Miguel Tellado. La anulación del concurso eólico del bipartito era por la “inseguridad jurídica” que generaba, la desprotección del gallego era el “derecho de los padres” a escoger idioma, y la incapacidad para obtener competencia autonómica alguna en las tres legislaturas del actual presidente es porque estuvo centrado en evitar la quiebra de Galicia, pues de tener que acudir a los mecanismos de liquidez del Estado pasaría a tener un autogobierno fiscalizado por Madrid. Cada medida se justifica por elementos de gestión.

Madrid veta la norma a favor de los preferentistas 

Y a pesar de la recurrente crítica de la oposición de supeditar el Gobierno gallego a los designios de Rajoy en Madrid, las fricciones se produjeron. En marzo de 2014, el Parlamento gallego aprobó por unanimidad la iniciativa del BNG, una proposición no de ley para modificar la norma 9/2012 con la que se pretendía permitir que las personas estafadas por las participaciones preferentes de la banca recuperasen todo su dinero. Como sucedió con el traspaso de la AP-9, el PP votó a favor en Galicia y la vetó en Madrid.

El Gobierno central también tumbó en el Constitucional el método que utilizaba la Xunta para calcular los el impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP), sucesiones y donaciones y actos jurídicos documentados, tres tributos cedidos a la comunidad autónoma. El TC estimó el recurso y consideró que invadía competencias estatales.

El imposible traspaso de la AP-9

El caso del traspaso de la AP-9, la autopista que vertebra Galicia de norte a sur, es conocido. Feijóo siempre defendió, incluso antes de llegar a la Xunta, que las competencias debían transferirse a la Xunta. En última instancia los populares apelaban, una vez más, a la gestión, pues consideraban que podían rebajar el precio de los peajes, disparados durante la crisis económica, y paliar los atascos que se habían producido en la autopista gestionada por Audasa (Itínere) durante dos veranos.

Consiguieron, solamente, una mesa de gestión conjunta del vial, con representación de Fomento y del Gobierno gallego. El cambio de titularidad siempre fue vetado en Madrid.

Una victoria de la Xunta en Corcoesto

La victoria más comentada de la Xunta en estas batallas afectó a la ley de minería de Galicia, que también fue recurrida por el Gobierno central al Constitucional. En este caso, el precepto en cuestión atribuía facultades al Gobierno gallego para tumbar un proyecto minero amparándose en motivos económicos.

Esta fue la base para que Feijóo pudiera anular la mina de oro de Corcoesto que pretendía desarrollar la multinacional canadiense Edgewater, un lío en el que se metió solo el Ejecutivo gallego al defender durante años el proyecto porque generaría empleo.

El Constitucional avaló la norma de la Xunta y la explotación minera acabó cancelada, iniciándose un contencioso entre Administración y empresa en el que Edgewater llegó a acusar a personas próximas a Feijóo de pedirle sobornos.

Recursos de la Xunta que no prosperan

La Xunta, por su parte, litigó contra el recorte a las primas de las renovables que acabaron con el desarrollo eólico de Galicia, paralizado desde que Feijóo llegó al Gobierno. Mientras tumbó el concurso del anterior Gobierno y puso en marcha el suyo le sobrevino la reforma eléctrica.

Varias comunidades se sumaron a la Xunta, fracasando todas en el intento de tumbar el tijeretazo. Tampoco prosperó el recurso ante el Constitucional de la ley de enterramiento de gases, que el Gobierno gallego consideraba que invadía competencias autonómicas al condicionar la ordenación del territorio y el urbanismo. El recurso no prosperó. 

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