Mariano Rajoy compareció para explicar la aplicación del Artículo 155 de la Constitución en Cataluña. Foto: EFE/JCH

Rajoy recupera sin complejos el Estado en Cataluña

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Rajoy, tras mostrar paciencia y ofrecer oportunidades para rectificar, recupera sin complejos el Estado en Cataluña con el 155, aunque no será fácil de aplicar

Carlos Carnicero

Mariano Rajoy compareció para explicar la aplicación del Artículo 155 de la Constitución en Cataluña. Foto: EFE/JCH

Barcelona, 22 de octubre de 2017 (04:55 CET)

Este sábado empezó la cuenta atrás de un proceso que será largo y complicado para intervenir la autonomía de Cataluña, restaurar la legalidad de la Constitución y del Estatut. Después de cargarse de razón, de demostrar una inmensa paciencia y dar oportunidades a los sediciosos para volver a la legalidad, el Gobierno, con el apoyo explícito del PSOE y de Ciudadanos, ha activado los mecanismos para que el Senado apruebe los términos y plazos para restaurar la legalidad en Cataluña. Los gestos y los términos de la intervención de Mariano Rajoy indican claramente que entramos en una fase en la que el Estado de derecho va a actuar sin complejos.

Sólo unas horas después de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, remitiese al Senado los términos de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, recibió, vía declaraciones institucionales, la respuesta, primero de la presidenta del Parlament, y al filo de las nueve de la noche, del president de la Generalitat.

La respuesta de Carles Puigdemont anunció la convocatoria de un pleno en el Parlament para debatir “el "intento" del Gobierno central de "liquidar" el autogobierno en Cataluña "y actuar en consecuencia". Puigdemont afirmó que el Gobierno central, con el apoyo del PSOE y Ciudadanos, ha dado el "peor golpe" a Cataluña desde que "el dictador Francisco Franco" dictó la supresión de la autonomía.

Puigdemont no se ha enterado de que las instituciones europeas no han mostrado comprensión ante su rebelión

Puigdemont añadió: “se reaccionará ante el intento de liquidación de la Generalitat”, pero no aclara explícitamente si propondrá al Parlament realizar una declaración formal de independencia. Pudiera interpretarse que una vez más, el dirigente catalán no descubre todas sus cartas con lo que mantiene un cierto interrogante sobre la precisión de sus comportamientos.

En una alocución en inglés a los líderes y los ciudadanos de la Unión Europea, invocó “que los principios fundacionales de la Unión Europea están en riesgo en Cataluña, también lo están en Europa”. Puigdemont les recordó que Cataluña es una antigua democracia europea y afirma que lucha por los derechos fundamentales como lo hacen los ciudadanos de los demás países europeos.

Naturalmente el president no se ha dado por enterado que no hay ningún líder ni institución europea que haya mostrado comprensión ante la rebelión contra el Estado de derecho del gobierno de Cataluña. Todos sus intentos de internacionalización del conflicto han fracasado. Y tampoco se siente concernido por la defensa radical del Estado de Derecho y de la Constitución que realizaron el viernes en Oviedo Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo, Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión y el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk.

Si tuviéramos que hacer un resumen de lo sucedido, podría ser en los siguientes términos:

Un gobierno democrático, con el apoyo explícito de los Estados miembros y los líderes de la Unión Europea, acaba de aprobar una norma constitucional habitual en otros Estados democráticos, para imponer el regreso a la legalidad de un gobierno autonómico que ha decidido irrumpir el Estado de derecho y subvertir la Constitución y el propio estatuto de autonomía del que depende su funcionamiento político e institucional.

Puigdemont ha desperdiciado todas las oportunidades para recuperar el orden constitucional

El corolario de esta decisión ha sido la declaración de los dirigentes de la autonomía, en estado de rebelión, de proclamar que se trata de un golpe de estado de los demócratas contra los sediciosos.

Estos parámetros contrapuestos, después de requerimientos de acuerdo a ley para que los sediciosos regresen a la legalidad, demuestra claramente que se trata de medidas legítimas, legales, proporcionadas e inapelables. El presidente Puigdemont ha desperdiciado todas las oportunidades para impedir que se le aplique la fuerza de la Constitución. No ha dejado opciones. La aplicación del artículo 155 ha sido, sobre todo, inevitable.

Al contrario que los protagonistas de la asonada, el gobierno ha respetado escrupulosamente los requisitos contenidos en la Constitución y en la ley, de tal forma que los trámites para la entrada en vigor de lo acordado por el Gobierno tendrán que pasar los filtros del Senado, audiencia a los rebeldes incluida, y no podrá entrar en vigor hasta el sábado próximo, cuando si el Senado aprueba la aplicación del artículo 155 de la Constitución, entre en vigor en los términos que determine no el Gobierno sino la cámara legislativa.

La reacción de la presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, ha sido rápida y fulminante al pronunciar una declaración institucional en los siguientes términos: intervenir la autonomía de Cataluña mediante el artículo 155 es “un golpe de Estado de facto”. Con estas medidas “autoritarias”, ha sostenido, el presidente Rajoy “pretende descabezar las instituciones catalanas y apropiárselas”, al “acabar con un Govern y un Parlament elegidos en las urnas”. “No lo permitiremos”.

Los sediciosos pueden haber empezado a darse cuenta que sus acciones tienen consecuencias

La presidenta de un Parlament que aprobó los procedimientos para proclamar la independencia de Cataluña en cuarenta y ocho horas, proclamando la sustitución de todo el ordenamiento vigente - la Constitución y Estatuto de Autonomía - por una ley de transitoriedad, remedo de una constitución provisional para Cataluña, no ha tenido empacho en hablar de conducta “inconstitucional” de una norma que ella no ha respetado al indicar:  “el artículo 155 no les permite hacer lo que quieren hacer, caerán en la más flagrante inconstitucionalidad”. “No les acompaña ni la legalidad ni la legitimidad, no cuentan el apoyo de la mayoría de la sociedad catalana”.

Ha sido la primera autoridad afectada por la resolución del Gobierno, pendiente de su aprobación por el Senado, que ha reaccionado anunciando su rebelión contra lo dispuesto en la Constitución y aprobado por un Gobierno que cuenta con el respaldo del PSOE y Ciudadanos, es decir, con el setenta y cuatro por ciento de los parlamentarios del Congreso de los Diputados.

La cadencia de acontecimientos al poco de comenzar la andadura legislativa del artículo 155 no va a ser fácil y contará, presumiblemente, con la resistencia de las autoridades de Cataluña. El paso siguiente sería entrar en el terreno penal de la rebelión, conducta penada con hasta 30 años de cárcel.

La cuerda ya no puede estar más tensa. La única ventaja es que se ha terminado un impasse en el que los sediciosos pueden haber empezado a darse cuenta de que sus acciones tienen consecuencias y no les saldrán gratis.

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