Mariano Rajoy considera que con el 1-O está en juego el estado de derecho.

Rajoy conecta todos los resortes del Estado para impedir el 1-O

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Rajoy pone en marcha todos los mecanismos para que no se celebre el 1-O al entender que está en juego no la unidad de España sino el propio estado de derecho

en Barcelona, 16 de septiembre de 2017 (06:00 CET)

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha conectado ya todos los resortes del Estado para impedir el 1-O. La actuación del Ejecutivo español cobró una dimensión diferente a partir de los sucesos en el Parlament de la pasada semana, cuando la mayoría independentista aprobó la ley del referéndum y la ley de transitoriedad jurídica vulnerando los derechos de los diputados de la oposición, el reglamento de la cámara y despreciando el trabajo de los letrados y del Consejo de Garantías Estatutarias.

En ese momento Rajoy entendió, según las fuentes consultadas, que no se trataba ya de ningún peligro para la unidad de España sino que todos los esfuerzos se debían concentrar en la defensa del estado de derecho.

Los resortes que se conectaron se basan en tres patas: las actuaciones de la Fiscalía, las directrices del Ministerio de Hacienda y los cuerpos de seguridad del Estado.

A partir de ahí, el Gobierno dispone de otras medidas, como la ley de seguridad o la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que, de hecho, ya ha entrado en vigor a través del ministerio que dirige Cristóbal Montoro y que pasa por disponer, directamente, no ya del FLA, sino del presupuesto que se destina a Cataluña a través del sistema de financiación autonómica, unos 1.400 millones de euros.

El Gobierno conecta tres patas: Fiscalía, policías y Hacienda para impedir el 1-O

El Gobierno de Mariano Rajoy ha trabajado otras cuestiones tan o más importantes: la conexión política con el líder del PSOE, Pedro Sánchez y con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Se trata de defender, de forma conjunta, aunque la responsabilidad sea del Ejecutivo que preside Rajoy, el estado de derecho. Y ese apoyo lo tiene.

Rajoy lo aseguró este viernes en Barcelona. Advirtió al mundo soberanista de que podría utilizar todos los medios a su alcance, aunque no quiera en estos momentos. ¿Pero qué coste tendría un control, a través de los cuerpos de seguridad, de las posibles algaradas en las calles? Rajoy asume el coste político porque está convencido de que lo que está en juego es el estado de derecho de un país democrático como España.

Rajoy, repita o no como candidato del PP, no quiere salir como el que permitió que no se cumpliera el estado de derecho

Fuentes del PP recuerdan un hecho que se ha dejado de lado. Al margen de si Rajoy quiere o no repetir como candidato del partido a la Moncloa, lo que no quiere de ninguna manera es salir como el presidente que permitió que dejara de funcionar el estado de derecho, con una insurrección de una parte de su territorio.

Todo ha cambiado desde los días 6 y 7 de septiembre. El Gobierno entiende que era, precisamente, lo que pretendía Junts pel Sí y la CUP, con el presidente Carles Puigdemont y Oriol Junqueras a la cabeza: provocar una especie de insurrección que busca, en realidad, la represión, para, al segundo siguiente, iniciar una nueva acción. Pero eso se define como un movimiento revolucionario de manual, que también provoca la angustia de esas clases medias que se han manifestado hasta ahora tan alegremente en las calles de Barcelona cada 11 de septiembre, como si fuera una fiesta de un ‘esplai’.

El objetivo, por tanto, es impedir el referéndum del 1-O como una cuestión que afecta, de hecho, a la propia democracia de España. Y tampoco se quiere tolerar un nuevo 9N, una especie de participación donde se puedan contar luego unos cuantos centenares de miles de votos.

Para muchos alcaldes la llamada de la Fiscalía resulta, en realidad, una ayuda frente a las presiones que reciben

Este sábado los más de 700 alcaldes que han recibido la llamada de la Fiscalía, para que acudan a declarar sobre los preparativos del 1-O, se manifestarán en la plaza Sant Jaume. Se tratará de la primera gran movilización, de las muchas que se producirán para demostrar que existe “un pulso” entre el “pueblo catalán” contra el Gobierno ‘opresor’.

Pero, como indican fuentes municipales, esa noticia ha sido positiva para muchos ediles. “Para los alcaldes que sienten cada día la presión para que pongan los colegios municipales a disposición del referéndum la llamada de Fiscalía es positiva, les da cobertura, les aporta una defensa”, aseguran.

Alcaldes consultados insisten en esa idea, porque la presión está siendo “enorme”, principalmente en pequeñas ciudades y pueblos medios. Las entidades soberanistas y los activistas independentistas lo ‘venden’ en sentido contrario, pero el hecho importante para el Gobierno es que, en todo caso, no se abrirán esos colegios y no habrá urnas, aunque no se pueda estar pendiente de todo el territorio catalán.

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