¿Qué hacer con 300.000 viviendas vacías?

En Galicia hay 299.396 viviendas en las que no vive nadie. Según los datos del INE, publicados el mes pasado, en 2011 el 18,6% de los pisos y casas de la comunidad gallega estaban vacíos. El mayor porcentaje del Estado.

Aunque el aumento en el número de inmuebles desocupados coincide con un incremento de la construcción en la última década –se pasó de 1.308.363 viviendas en 2001 a 1.605.481 en 2011– la situación de Galicia tiene particularidades. El stock de vivienda nueva no supera las 40.000 unidades, según fuentes del sector inmobiliario, y se sitúa mayoritariamente en la costa. Las nuevas construcciones, atascadas por la falta de crédito y la crisis económica, entre otros motivos, se suman a las casas vacías del rural gallego. La despoblación de las zonas rurales y la crisis demográfica deja muchas viviendas sin gente, sobre todo, en las zonas rurales de Ourense y Lugo, provincias que figuran a la cabeza del Estado en casas vacías, según el INE.

Todavía hay una tercera tipología, indican fuentes del sector inmobiliario. Las propiedades adquiridas como inversión o para dejar a los hijos y que, por este motivo, no están en venta. En este escenario, la pregunta clave es qué hacer, desde el ámbito político, para movilizar el parque de viviendas sin uso, que contrasta con la situación de familias que pierden su hogar.

Penalizaciones fiscales

La primera propuesta que saltó a la luz pública fue la del PSdeG. Los socialistas llevarán una iniciativa al Parlamento en la que propondrá penalizar fiscalmente las viviendas vacías, un modelo que ya se puso en marcha en Andalucía y se estudia en Catalunya.

Se trata de “activar el parque de viviendas vacías mediante medidas que incentiven su puesta en el mercado y desaconsejen mantenerlas sin ocupar, por ejemplo, con tasas fiscales para las vacías y bonificaciones para las que se pongan en alquiler”, explicó el portavoz de vivienda socialista, Xosé Sánchez Bugallo.

Esta idea tiene mucho que ver con el diagnóstico que realiza el PSdeG. Además de las causas anteriormente desgranadas, entienden que “desde las administraciones públicas se apostó, casi en exclusiva, por la vivienda en propiedad”. Critican la pasividad de la Xunta, por “limitarse a gestionar los fondos que anualmente aportaba el Ministerio de Vivienda para el Plan Nacional”. “ La desaparición de eses fondos provocó la desaparición definitiva de la política de vivienda de la Xunta. Solo hay que mirar los más de 200 millones que se destinaban a estas políticas en los presupuestos de 2009 y los 20 millones presupuestados para 2013”, sentencia Bugallo.

Transmisión de las viviendas de la Sareb

El BNG, por su parte, propone toda una batería de medidas que suponen un aumento de intensidad en el papel desempeñado por la Xunta en cuanto a políticas de vivienda, en gran medida condicionadas por el plan de acción del Gobierno central. La formación frentista solicita articular una “política de vivienda gallega” y contar para ello con las viviendas ubicadas en Galicia traspasadas a la Sareb, “con el objetivo de construir un patrimonio público de vivienda con el que garantizar el derecho a una vivienda digna para todos los gallegos y gallegas”, afirman.

“El objetivo prioritario es establecer políticas públicas con criterios sociales para que las personas que no puedan afrontar su hipoteca o alquiler se les pueda garantizar una vivienda”, insisten.

Enfoque social

Política propia y enfoque social. Son las máximas que sigue el BNG y que también tienen que ver con su análisis de las causas. Acusan a PP y PSOE de adoptar un modelo de construcción ajeno y alentar la burbuja inmobiliaria en Galicia.

En el paisaje actual, proponen promover la recuperación y rehabilitación del patrimonio construido e implementar políticas de alquiler con una legislación propia de Galicia. Este enfoque social, incluye solicitar al Gobierno central la reforma de la Ley Hipotecaria, “para defender a más de 8.000 familias gallegas ya deshauciadas”.

¿Qué está en marcha?

El debate, al calor de los datos del INE, coincide con el arranque de una nueva etapa, con la Sareb irrumpiendo en el mercado inmobiliario y el Plan Estatal de Vivienda 2013-2016 presentado y debatido en Consejo de Ministros. El mayor consenso parece situarse en la necesidad de fomentar el alquiler. En la batería de medidas anunciadas por el Gobierno, se incluye una ayuda de hasta 200 euros para quienes ingresen menos de 19.170 euros anuales y paguen al mes una renta inferior a 600 euros por su vivienda.

Para alquileres y rehabilitación el Gobierno empleará un total de 2.421 millones de euros, cerca de 1.500 destinados al acceso a la vivienda y 627 millones para eficiencia energética

“En las ciudades defendemos desde hace dos años fomento del alquiler porque, en las condiciones actuales, el mercado está cerrado para menores de 35 años”, explican en la Federación galega de empresas inmobiliarias (Fegein), donde consideran que las medidas del Gobierno central son “impulso suficiente” para el mercado de alquiler. Sin embargo, no parece que sirva para desatascar las viviendas ubicadas en zonas rurales.

Más debate

Fegein celebrará el próximo 29 de mayo el I Congreso del Sector Inmobiliario Gallego en Ourense, en el que, entre otros temas, se abordarán medidas para la reactivación del sector.

En la jornada, abierta y gratuita previa inscripción, actuarán como ponentes la directora general del Instituto Galego de Vivenda e Solo, Teresa María Guitérrez, o el decano del Colegio de Arquitectos de Galicia, Antonio Maroño.