El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, el presidente de Alcoa España, Álvaro Dorado, y la ministra de Industria, Reyes Maroto, en su visita a la planta de Alcoa en San Cibrao

Primer ‘incumplimiento’ del nuevo Gobierno con la gran industria

El primer Consejo de Ministros se salda sin la prometida aprobación del Estatuto de las Electrointensivas. La industria espera ahora al próximo viernes

La plantilla de Alcoa esperaba con ansia el primer Consejo de Ministros de esta nueva legislatura. Los trabajadores se agarraban a las declaraciones hechas por la ministra de Industria, Reyes Maroto, en la factoría de San Cibrao (Lugo) el pasado octubre. Entonces, garantizó que el nuevo Estatuto del Consumidor Electrointensivo se aprobaría “nada más” se formase el nuevo Gobierno. No obstante, la primera reunión del Ejecutivo se celebró sin que nada se tratase sobre el tema de las electrointensivas y sin que, de momento y de forma oficial, exista una fecha clara en el horizonte.

Desde el Ministerio de Industria, que sigue en manos de Maroto, se guarda mutismo. De momento, no se ponen fechas sobre la mesa para la aprobación el estatuto. Fuentes empresariales relacionadas con las industrias más afectadas por el precio de la energía aseguran, no obstante, que la aprobación “será inminente”. Creen que, finalmente, se aprobará el próximo viernes, en un consejo de ministros de carácter extraordinario. Eso sí, indican que, “tal y como está la situación, puede que el nuevo marco legislativo se quede solo en un parche que no solucione los problemas de los grandes consumidores”.

Un estatuto que ‘casi’ fue posible hace un año

Lo cierto es que el prometido estatuto ha estado “a punto” ya en varias ocasiones. Antes de las primeras elecciones tras la moción de censura a Mariano Rajoy, la propia Maroto aseguraba que la voluntad del Ejecutivo socialista era la de sacar adelante el decreto antes de que acabase la legislatura, el 29 de abril del pasado año. No obstante, el varapalo que sufrió por parte de Competencia, que deslizó la posibilidad de que las ayudas fueran consideradas por Europa como ilegales, hizo que los socialistas decidiesen esperar a la celebración de elecciones. Sin embargo, tampoco hubo suerte en los meses posteriores: con un Ejecutivo en funciones, los de Pedro Sánchez, de nuevo, demoraron la aprobación del Real Decreto, ya que sostenían que era necesario un Gobierno estable.

Ahora, con la pelota en el tejado de la ministra Maroto, la inminente aprobación del texto parece obligada. Primero, porque los grandes consumidores eléctricos están ya aplicando medidas de recorte. Segundo, porque este es año electoral en Galicia y la posibilidad de desalojar al popular Alberto Núñez Feijóo de Monte Pío, torna más factible con la sombra de la marcha de Alcoa disipada. El pasado fin de semana, la portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, aseguraba que “la agenda gallega” está presente en el Consejo de Ministros y, además del prometido traspaso de la AP-9, citó el estatuto de las electrointensivas como asunto prioritario.

Contratos bilaterales con generadores eléctricos

El primer borrador del estatuto eléctrico, el que no recibió el plácet de Competencia, apuntaba ya algunos mecanismos que, se prevé, estarán presentes en el texto final. Es el caso, según fuentes del sector, del establecimiento de contratos bilaterales a largo plazo (unos cinco años) entre generadores y consumidores electrointensivos. Unos contratos a largo con los que se pretenden asegurar un precio estable de la energía y que contarán el aval del propio Estado.

"Para aquellos consumidores electrointensivos que suscriban contratos bilaterales de compra a largo plazo de energía producida por titulares de instalaciones de generación de energía eléctrica, y en particular con titulares de instalaciones de generación renovable que no perciban por dichas instalaciones retribución específica, ya sea directamente o a través de un intermediario, y a los que se les exija depositar las oportunas garantías, se desarrollarán mecanismos adecuados y suficientes para la cobertura de estos riesgos", rezaba el borrador presentado en febrero del pasado año.

En ese borrador, se especificaba también que la empresas que se acogiesen al estatuto deberían contratar, al menos, un 10% de su consumo eléctrico anual de forma directa o indirecta por un período mínimo de 3 años. Una medida que trata de fomentar la liquidez de los mercados a largo plazo, así como fomentar el desarrollo de los contratos bilaterales y facilitar la contratación de energía con plantas renovables.

Por otro lado, y al igual que ocurrió con el anterior borrador, se prevé que el nuevo proyecto estatal siga obviando algunas de las medidas propuesta por la Xunta de Galicia, como es el caso de la figura del consumidor híper-electrointensivo, una categoría (especialmente pensada para Alcoa) que identificaría a la industria que más energía consume en España y que, en virtud de ello, se llevaría las mayores rebajas.

 

Un artículo de C.D.P.

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