Prestige: sin culpables en la catástrofe que costó 4.400 millones de euros

“Nadie sabe con exactitud cuál pudo ser la causa de lo ocurrido, ni cuál debería haber sido la respuesta apropiada a la situación de emergencia creada por la grave avería del Prestige. Pero nadie puede negar el fallo estructural, ni pudo demostrar en el juicio dónde se produjo y por qué razón”. De esta forma, pasados once años y ocho meses de instrucción desde la mayor catástrofe que asoló las costas gallegas debido al hundimiento de un petrolero, la justicia absuelve a los principales imputados de los delitos medioambientales que generó el suceso.

Un hecho que llama la atención, no sólo por la duración de todo el proceso, sino por la cuantía de los daños que generó el vertido del petrolero. El año pasado, en la apertura del juicio oral, celebrado en el recinto Expocoruña, en la ciudad herculina, el fiscal planteó en la primera sesión elevar a 4.442 millones de euros los daños y el coste total de la marea negra.

Mangouras, López Sors y el maquinista

Pero la sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña ha decidido levantar todos los cargos por delito mediambiental y daños en espacios naturales protegidos contra el capitán del buque, Apostolos Mangouras, el ex director general de la Marina Mercante, José Luis López Sors, y el jefe de máquinas, Nikolaos Argyropoulos.

Sí se decreta, no obstante, una condena menor para Mangouras, “como autor criminalmente responsable de un delito de desobediencia grave a la autoridad” al demorar el alejamiento del buque de la costa. Por ello se enfrenta a una pena de nueve meses de prisión y al pago de la tercera parte de las costas procesales.

Fallos estructurales desconocidos

El fallo, que ha despertado las críticas de los colectivos medioambientales, asegura que “formalmente” se realizaron inspecciones y reparaciones en el buque siniestrado. La empresa ABS certificó que el Prestige podía navegar con normalidad. Pese a todo, la sala considera que el fallo estructural en el barco provocó la rotura del pecio. La marea negra “no tuvo ningún otro origen que las deficiencias de mantenimiento y el control de conservación del buque”. Sin embargo, esas deficiencias dependían de “análisis técnicos complejos que no se efectuaron con la debida profesionalidad”.

La justicia concluye que los integrantes de la tripulación desconocían los fallos del buque por lo que “ni desde el punto de vista estrictamente profesional, ni desde la mera lógica se puede concluir que los imputados actuaron dolosamente”.

Respecto al criticado alejamiento del petrolero de la costa decretado por José Luis López Sors, los magistrados consideran que esta decisión aumentó la extensión del vertido, pero redujo la intensidad de la afectación y permitió recoger fuel en el mar.

Los costes de una tragedia sin culpables

El juicio cierra en falso. No se han encontrado responsables a una catástrofe que generó unas pérdidas de más de 4.400 millones.

La petición de indemnizaciones que en su momento pidió el fiscal parte de una valoración que se basa en estudios y análisis llevados a cabo también en la esfera universitaria. En concreto, el Instituto Universitario de Estudios Marítimos, dependiente de la Universidade da Coruña, cifró solamente en los dos años posteriores a la catástrofe en un total de 1.254 millones de euros los daños generados. Y dividió la evaluación en tres ejes: sobre el sector pesquero, las pérdidas ambientales y el daño en el patrimonio natural.

Con los profesores Fernando González Laxe y Federico Martín Palmero como editores, y con la participación de una docena de expertos universitarios, la obra Evaluación económica de las catástrofes marítimas establece, por un lado, que las pérdidas de ingresos en Galicia por el cese de la actividad pesquera asociado al derrame durante 2002 y 2003 se sitúan entre los 76 y los 115,5 millones de euros.

Daño medioambiental

La estimación del daño medioambiental, según un análisis  publicado en el diario El Progreso, se disparaba ya entonces a los 774 millones de euros. Aquí incluyen valores de lo que definen como carácter pasivo, no relacionados con el uso y disfrute del recurso marítimo ni con un mercado concreto, y en el que se encuadran los bienes ambientales afectados. El litoral, como valor fundamental de los recursos gallegos, es lo que se analiza en el apartado de los daños en el patrimonio natural. Y cifra la catástrofe en este aspecto en 365 millones de euros: 261,5 millones correspondientes a las pérdidas en el bienestar social derivadas del menor disfrute recreativo y otros 103,6 generados por las pérdidas turísticas. Y todas estas valoraciones son, como advierten los editores de la obra, estimaciones «conservadoras.»

Este miércoles, abogados expertos en derecho marítimo lamentaban que la sentencia no responda, precisamente, a la pregunta de “quién pagará” los gastos derivados de la catástrofe.

Vía civil

En un comunicado, el despacho de abogados San Simón & Duch, especializado en derecho marítimo, afirma que, al margen de los recursos que presenten las partes personadas ante el Tribunal Supremo, «sigue en el aire la pregunta que más se hace: ¿Quién paga los gastos que ocasionó la catástrofe?».

Así, advierten que, de mantenerse la sentencia en la apelación, «todos aquellos que hayan sufrido los daños y gastos habrán de acudir a la vía civil ordinaria». No obstante, se pregunta «si merecía la pena una espera de 11 años de procedimiento penal» para la sentencia leída este miércoles.