Prestige: así se triplicó la indemnización hasta casi 2.000 millones

El Tribunal Supremo ha cerrado 16 años después el caso Prestige, el petrolero hundido frente a la costa gallega que inundó de chapapote el litoral y acabó con la etapa de Manuel Fraga en la Xunta. La Sala Segunda fija una indemnización próxima a los 2.000 millones de euros, pues sobre los 1.600 millones ya establecidos por la Audiencia Provincial elimina el descuento de las ayudas comunitarias recibidas –unos 275 millones—y añade a la cuantía final los intereses de demora por daños y perjuicios.

La factura final del naufragio del petrolero es más del triple que lo reconocido inicialmente por el Supremo en 2005, los 513 millones como cantidad inicial acreditada. Los magistrados de la Audiencia Provincial de A Coruña consideraron que “existen demostraciones técnicas que avalan la necesidad de aumentar la indemnización por encima de lo certificado, como se infiere de los informes del Consorcio de Seguros, aceptados por su origen oficial e imparcial, sin que sean los más favorables al Estado».

Finalmente, el Supremo vuelve a elevar la cuantía a la espera de reclamar 1.000 millones a la aseguradora del Prestige, London Owners Mutual Insurance Association.

El Estado, el gran beneficiado de la sentencia

El más beneficiado del recurso es el Estado español por esos 275 millones que no se detraen de la indemnización, añadiendo también los intereses. La sentencia fija que todas las indemnizaciones reconocidas deben comprender los intereses moratorios por los daños y perjuicios desde el escrito de conclusiones provisionales en el que se instó el abono de la indemnización, además de los intereses procesales devengados a partir del pronunciamiento sobre responsabilidad civil.

La Xunta, en cambio, ve rebajada la cuantía por la tarea de la Sociedad Gallega de Residuos Industriales (SOGARISA), empresa del grupo Macovit de Amador de Castro y la familia de Epifanio Campo, en 1,87 millones. Mantiene 1,1 millones, correspondientes a la eliminación de residuos del Prestige, pero se retiran los 751.555 euros relativos al coste estimado de la puesta a punto de dicha instalación, ya que esta segunda indemnización no se solicitó en el juicio, lo que vulnera el principio de rogación en esta materia.

En cualquier caso, según recordaba el auto de la Audiencia, el grueso de la indemnización a la comunidad autónoma gallega se formalizó mediante un acuerdo transaccional con el Estado en el año 2005 por importe superior a 500 millones de euros, subrogándose el Estado en las reclamaciones futuras.

La aseguradora pagará 1.000 millones

La sentencia destaca que la Ley de Enjuiciamiento Criminal previene la actuación de oficio por el juez español encargado de la ejecución, por lo que es dicho juez quien debe librar lo procedente ante Reino Unido conforme a la normativa de ejecución del derecho comunitario.

Dicha aseguradora tiene depositada en la causa en España la suma de 22,7 millones de euros, que debe distribuirse entre los perjudicados a prorrata de las cantidades fijadas en la resolución, aunque su condena como responsable civil directo asciende al menos hasta el límite de 1 billón de dólares USA (que son mil millones de dólares).

En cuanto al fondo internacional de indemnizaciones por este tipo de vertidos (FIDAC), que fue obligado a pagar indemnizaciones con las limitaciones de cuantía que establece su convenio regulador, el Supremo le da la razón en cuanto a que el ámbito de su responsabilidad se refiere a los daños materiales, pero no a los medioambientales y morales, que deben ser cubiertos por el resto de responsables civiles.

¿Es mucho?

A pesar de tratarse de una indemnización muy importante, la cuantía final no es tan elevada como pueda parecer. El Instituto de Estudios Marítimos, dependiente de la Universidade da Coruña, estableció en un estudio que los daños ocasionados solo en los dos años siguientes al naufragio ascendían a 1.254 millones, contabilizando las pérdidas de ingresos en Galicia por el cese de la actividad pesquera asociado al derrame y el daño medioambiental.

La Fiscalía, echando mano de un peritaje realizado por la Universidade de Santiago, elevó la reclamación a 4.442 millones.

Arco Iris pone en duda que se cumpla la sentencia

La entidad ecologista Arco Iris, personada en la causa, valoró positivamente la sentencia del Supremo pero alertó de las dificultades para que se cumpla. La entidad lamenta que la aseguradora del Prestige se niegue sistematicamente a asumir su responsabilidad en una suerte de “rebeldía indemnizatoria”. A esto se añade, dice la asociación, el proceso del brexit, ya que la aseguradora tiene su sede en Londres, lo que hará muy dificil que el TJUE pueda intervenir contra Reino Unido en caso de que ese país deje de pertenecer a la UE.