PP y PSOE ponen a prueba su capacidad de pactar en el caos urbanístico de Ourense
Los socialistas ponen seis condiciones al alcalde Jesús Vázquez para acordar un nuevo plan de ordenación después de que el Tribunal Superior de Xustiza tumbase la norma provisional y devolviera el urbanismo de la ciudad a 1986
El plan urbanístico de Ourense en vigor data de 1.986. Es el resultado de una concatenación de pifias políticas que duró años y que tuvieron su último episodio en la anulación de la norma provisional que habilitó vía decreto la Xunta en 2011, después de que el Supremo también derribase el plan urbanístico de 2003.
La norma provisional cayó fundamentalmente por no haberse cumplido el trámite obligatorio de exposición pública de la ordenanza y fue recurrida, entre otras cosas, por el empeño en incluir ámbitos privados a los desarrollos de interés público, como la ampliación del Complexo Hospitalario de Ourense.
Entre tanta desdicha, la solución para arreglar la parálisis urbana es acordar un nuevo PXOM, pero el PP gobierna en minoría y no goza de grandes amigos en la oposición, que lidera Democracia Ourensana. El llamamiento del alcalde, el ex conselleiro Jesús Vázquez, fue respondido pese a todo por el PSdeG. Como sucede en el Congreso, la entrada de nuevos partidos hace que los populares encuentren como socio más próximo al PSOE cuando miran hacia la izquierda.
Las condiciones
El portavoz socialista, Ángel Vázquez Barquero, fijó seis condiciones al grupo de gobierno para apoyar el nuevo plan, poniendo especial énfasis en la «defensa» de «los intereses de la ciudad» en relación a la futura estación intermodal.
Vázquez Barquero reclamó una vuelta al proyecto ganador del concurso para la estación en 2011que ha calificado como la base del plan de urbanismo aprobado por el pleno en 2013, frente al proyecto «popular», que ha calificado como un «pendello» en el que «se ha cambiado un centro de salud por una rotonda».
Entre las condiciones, el portavoz socialista también ha pedido que se «renegocie» con la Xunta el plan de transporte metropolitano; la liberación del actual corredor ferroviario, con la llegada del alta velocidad y que se «atiendan» las demandas de los colectivos vecinales del rural.
La parálisis
De la normativa y el entendimiento entre ambas fuerzas dependen jugosas inversiones. Como recuerda Benito Iglesias, presidente de la Federación Gallega de Empresas Inmobiliarias (Fegein), las normas anuladas sostenían proyectos como «los desarrollos del futuro centro comercial Eroski en A Farixa y el centro Hipercor en la finca Santamariña, o el traslado del Matadero Municipal y la posible ubicación de un hotel termal de 5 estrellas en el suelo disponible en la zona». «Todo esto y mucho más es lo que se ha caído, gracias a la nula previsión, ineficiencia e ineficacia del actual y anterior grupo de gobierno municipal», zanja el presidente de la patronal, que advirtió hace tiempo del riesgo jurídico que se corría por la falta de la obligatoria exposición pública.
Desde Fegein piden «urgencia en la aprobación definitiva de un PXOM» y reclaman que «se depuren responsabilidades» por el nuevo varapalo judicial. «Los ourensanos estamos esperando respuestas, soluciones y también dimisiones», concluye Iglesias, quien entiende que «nadie va a invertir un céntimo de euro» en la ciudad en el actual escenario.
