Pilar de Lara busca información sobre el programa 'Km 0' en la Diputación de Lugo

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La jueza de la 'Operación Pokemon' procedió acudió al despacho del jefe de Protocolo del ente provincial

Pilar de Lara Cifuentes

21 de noviembre de 2014 (13:11 CET)

La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara Cifuentes, que instruye la Operación Pokemon entre otras causas, ha acudido la mañana de este viernes a dependencias de la Diputación de Lugo a recabar información sobre el programa provincial de visitas Km 0.

Según fuentes de la institución, la magistrada ha acudido al despacho de Juan Carlos Fernández Pulpeiro, jefe de protocolo del organismo provincial, así como a otras dependencias.

Volcado de ordenadores

De Lara llegó poco antes de las 9:30 horas acompañada de varios agentes a la Diputación, donde ha pedido documentación del citado programa y ha procedido al volcado de varios ordenadores de las áreas de Presidencia y Relaciones Institucionales.

Tras la marcha de la jueza Pilar de Lara este viernes en la sede de la institución provincial permanecieron cinco agentes que habían acompañado a la magistrada.

Segundo registro

El pasado mes de julio agentes de la Policía Judicial habían acudido de nuevo a la Diputación de Lugo para recabar información complementaria sobre este programa de visitas.

Aquella visita judicial partía de una orden de la jueza de apoyo del Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo, Hortensia Bouso, en la que se había facilitado a los agentes toda la información que solicitaron.

Denuncias de trabajadores

En abril de 2013 el PP se había hecho eco de que varias personas ligadas con este programa de visitas, en parte financiado con fondos de la Unión Europea (UE), habían sido llamadas a declarar en el marco de una investigación abierta por la Fiscalía, "a raíz de las denuncias de varios trabajadores", que supuestamente "incluirían acusaciones de relevancia penal y presuntos delitos de acoso laboral".

El Juzgado de Instrucción Número 1 de la capital abrió diligencias sobre esta cuestión, si bien la Diputación negó "tajantemente" cuando trascendió la investigación de la Fiscalía la posibilidad de que hubiese malversación de fondos en la gestión del programa.
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