Ofensiva de la nueva Astur Gold para reactivar la mina de Salave 

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La compañía, ahora Black Dragon Gold, pretende presentar un nuevo plan minero para buscar el oro de Tapia 

Manifestante en contra de la mina de Salave

en A Coruña, 14 de enero de 2017 (17:33 CET)

La antigua Astur Gold, ahora denominada Black Dragon Gold, prepara una nueva ofensiva para retomar el proyecto minero de Tapia (Asturias) para extraer el oro bajo los lagos de Silva, en Salave. El anterior proyecto fue rechazado por el Gobierno asturiano en una historia paralela a la que se vivió en Corcoesto. La minera canadiense, que encajó una fuerte contestación social a su proyecto de explotación, acabó demandando al Pincipado ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, reclamándole 8,6 millones en un proceso todavía sin resolver.

Mientras la causa se dirime, Black Dragon Gold ha anunciado que seleccionará un consejo de administración y un equipo directivo para su filial española con el objetivo de tramitar un nuevo proyecto para la mina de Tapia, según adelantó el diario La Nueva España. La compañía busca la connivencia de las administraciones y de la sociedad para llevar a término la explotación, para lo que pretende contar con "una amplia presencia local".

Promesas

La minera ha creado una página web, Fenix Minería Oro, en la que promete "desarrollar la economía local" y "proteger el carácter y medioambiente únicos del norte de Asturias". "Vamos a colaborar con la comunidad para construir una mina subterránea y unas instalaciones modernas y sostenibles aplicando las más altas prácticas de minería responsable y normas de ética empresarial", dice la página, donde invita a los usuarios a que le transmitan sus inquietudes respecto al proyecto.

El presidente de la multinacional, Brian Wesson, se comprometió en una carta abierta a sus accionistas a desbloquear el proyecto de Salave lo antes posible.

El agua, en peligro

La explotación contó con una fuerte oposición y movilizaciones de protesta que se desarrollaron entre 2012 y 2014 en su primera etapa de tramitación, la que derivó en el litigio que mantiene con el Principado.

La Comisión para Asuntos Medioambientales emitió una declaración de impacto ambiental (DIA) negativa basándose en informes de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico que alertaba del elevado riesgo de contaminación de las aguas por vertidos.
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