El sector forestal reta a la Xunta y lanza un plan alternativo para el monte

Un importante grupo que reúne a los principales actores de la cadena de valor de la madera, incluidos Ence y Finsa, ha hecho público este lunes un documento de mínimos, unas líneas básicas de consenso para planificar el desarrollo futuro del monte gallego. La iniciativa parte de año y medio de trabajo que culminó en las mesas de debate convocadas por la Fundación Juana de Vega, donde participaron el Clúster da Madeira (Finsa, Ence, Greenalia…), la patronal de aserraderos y rematantes Fearmaga, la asociación de productores Promagal, entidades ecologistas como la Asociación Galega de Historia Natural o las universidades de Vigo y Santiago.

El resultado constituye un contrarrelato al borrador del plan forestal que presentó la Consellería de Medio Rural en diciembre, al calor de la ola de incendios que en octubre provocó cuatro muertes en Galicia. Aquel documento carecía de consenso porque no se consensuó. Se trasladaron al sector unas directrices años atrás y, después de los incendios, la conselleira Ángeles Vázquez decidió presentar el borrador del plan forestal antes de final de año para que la cadena de valor pudiera hacer aportaciones.

Las críticas al plan forestal

Había dos problemas. El primero, que el plan no gustaba. El presidente del Clúster da Madeira, José Manuel Iglesias, lo define como un ejercicio de “economía planificada, economía soviética, no le importa nada el mercado, es coger el territorio y hacer un reparto, pero no tiene un enfoque de plan estratégico”, explicaba en declaraciones a este medio. “No hay ni una mención a la bioeconomía”, recalca un importante empresario del sector.

El otro problema era de metodología. El consenso de mínimos que presenta el sector impugna la idea de que desde el ámbito político se realice una síntesis de las distintas aportaciones que realicen las entidades vinculadas al monte gallego, se decida qué propuestas entran en el proyecto final y cuáles no. Reclaman una participación activa en el proceso.

Aún habría un tercero, la carencia de un inventario forestal en condiciones. No solo por la catalogación de especies, sino por la multitud de tierras abandonadas que no están en el mercado debido a que, en muchos casos, se desconoce quién es el propietario.

Las críticas de Fernández Couto y las politicas urbanitas

Esta tensión, arrastrada desde el pasado año, es la que explica las declaraciones del director xeral de Ordenación Forestal, Tomás Fernández Couto, criticando a la “industria de la madera” por “querer tener el monte a su disposición”. Y también explica los movimientos que brotaron en el sector rural para censurar las “políticas urbanitas” que obvian la necesidad de que el monte sea productivo para quienes viven allí. Un divorcio en toda regla.

Las claves del sector

En este contexto surge el nuevo documento (que puede descargar aquí), trasladado hace un mes a la Xunta. Hay tres ideas centrales, que resume José Manuel Iglesias. “No hay futuro si no somos capaces de conciliar medio ambiente y producción”. Es necesario “paliar el abandono del rural y aprovechar la oportunidad que ofrece la bioeconomía”. Y “es imprescindible la concienciación de la sociedad civil”.

En este sentido, el propio documento recalca que el monte es un “elemento cultural de Galicia” que debe ser prestigiado, por lo que es necesario “explicar a la sociedad que si no es económicamente viable tampoco será sostenible social y ambientalmente”. Es una de las ideas para justificar una petición de ampliar la cultura forestal mediante acciones divulgativas y educativas.

Por qué la especie autóctona no es rentable

El documento reitera algunas de las reivindicaciones clásicas de las madereras, como la simplificación administrativa, la apuesta por la certificación y el esfuerzo por deconstruir la dicotomía entre medioambiente y rentabilidad. Pero también deja algunas constataciones llamativas.

Destaca el mal funcionamiento de las sofor, la herramienta de la Xunta para promover la agrupación de propietarios, pues indican que conlleva mayores impuestos que los que soporta un propietario individual.

También recalca que hay especies autóctonas que podrían ser rentables, pero que la propia “inseguridad jurídica derivada de la propia Administración” acaba “disuadiendo a los propietarios de plantarlas”, una idea llamativa en pleno debate sobre el eucalipto.  El presidente del clúster pone como ejemplo el roble, cuyos niveles de protección impide en muchos casos las cortas lo que, a su juicio, desincentiva que se siga plantando.

Los ecologistas, a la espera

En el debate sobre el documento participó la Sociedade Galega de Historia Natural. Serafín González, responsable de la entidad ecologista, indicó que suscribía el documento de consenso, si bien reconocía que “son unas líneas muy generales sobre las que se debe profundizar”.

Para la organización, el debate de fondo estará en la “conservación de hábitats naturales”, una cuestión en la que no se entró a fondo. González explica que la implicación de la entidad respondió a la invitación de la Fundación Juana de Vega y que en el borrador del plan forestal de la Xunta no participaron. “Fue en el disenso que se produce entre el sector y la Administración cuando se nos pide nuestra aportación”, señala.