Nueve años de inhabilitación a José Luis Baltar por el enchufe masivo de trabajadores

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El juez lo condena por prevaricación continuada; el ex presidente de la Deputación de Ourense recurrirá la sentencia

Manuel Baltar junto a su padre, José Luis Baltar

31 de julio de 2014 (10:50 CET)

El ex presidente de la Deputación de Ourense, José Luis Baltar, firmó 104 contratos laborales para la institución provincial entre enero y marzo de 2010, sin dar publicidad a las plazas. El barón del PP, eterno líder de los populares ourensanos, desconocía que debía publicitar la oferta laboral, según declaró ante el juez. También explicó al magistrado que realizaba una primera criba entre los currículums y nombres para los puestos de trabajo y que los jefes y técnicos de servicio se encargaban de la selección final.

Todo este sospechoso procedimiento acabó en los tribunales y el juzgado de lo Penal número 1 de Ourense entendió que era constitutivo de un delito continuado de prevaricación cuyo único responsable era José Luis Baltar, que dejó el bastón de mando de la Deputación ourensana hace años, cediendo los galones a su hijo, José Manuel Baltar Blanco.

Seguirá la batalla

Baltar reiteró en cada ocasión que tuvo ante la jueza y ante los medios de comunicación, que a él "nadie" le advirtió de la obligación de dar publicidad a las 104 plazas que se cubrieron con otros tantos contratos temporales, por procedimiento urgente, y ha incidido que "fue el procedimiento" que le dijo "el jefe de Personal, José Luis Suárez, que había que utilizar", para cubrir los puestos durante los tres primeros meses de 2010. Una fecha importante por la proximidad al congreso en el que su hijo fue elegido presidente del PP en la provincia de Ourense.

El letrado del barón ourensano ya indicó que recurrirá la sentencia del juzgado de lo penal número 1 ante la Audiencia Provincial. En el juicio, fiscal y acusaciones populares de PSOE y el sindicato Manos Limpias, mantuvieron sus peticiones de condena a 10 años de inhabilitación para cargo público y electo, y el PSOE concretó su petición de responsabilidad civil en 696.666 euros por ser el coste de los 104 contratos para las arcas públicas, según certificó la interventora de la Diputación.
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