Navantia respira: el PSOE mantiene la venta de armas a Arabia Saudí

El Congreso rechaza con los votos de PP y PSOE el veto a la venta de armas a Arabia Saudí de la que depende el contrato con Navantia

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La comisión de Defensa ha rechazado el veto a la venta de armas a Arabia Saudí que proponían Podemos, Esquerra Republicana y PDeCat. Los votos de PSOE y PP han tumbado la suspensión del actual contrato con Riad y la denegación de futuras operaciones, sumando a su favor las abstenciones de Ciudadanos y de PNV. De la continuidad de la venta de armas depende el contrato de las cinco corbetas para Navantia, valoradas en 1.800 millones y que suponen carga de trabajo para unos 6.000 trabajadores durante cinco años.

La inquietud reinó en los astilleros de Cádiz por el temor a la pérdida del encargo. Ferrol se vería también salpicado, pues la carga de trabajo en Andalucía le permite asumir el programa de fragatas para el Ministerio de Defensa español. Podemos, con Gobiernos afines en las dos ciudades, había propuesto que recayera sobre las arcas públicas la inversión comprometida por Arabia Saudí, garantizando una carga de trabajo equivalente, o bien, encontrar otro comprador para las corbetas.

El PSOE pide esperar a un consenso europeo

El PSOE, a la espera de la comparecencia de Pedro Sánchez este miércoles, se excusó en que el bloqueo en la venta de armas «debe ser una decisión colectiva de toda la Unión Europea». Este debate, precisamente, se ha reabierto en territorio comunitario. La canciller Angela Merkel, anunció este domingo que suspenderá la venta de armas a Arabia Saudí y pidió a los países de la UE que hicieran lo mismo hasta que Riyadh aclare la muerte de Yamal Khashoggi en el consulado saudí de Estambul.

La iniciativa que se debatió este martes es anterior al asesinato del periodista y proceden de la polémica por los contratos firmados por el Gobierno del PP con Arabia Saudí y el amago de Margarita Robles respecto a la suspensión en la venta de 400 bombas para la guerra de Yemen. Rectificó cuando Riad amenazó con paralizar el contrato de las corbetas, aunque Robles mantuvo su opinión sobre la necesidad de frenar la operación.

El Gobierno de Susana Díaz, por su parte, consideró compatible el encargo de las buques con el respeto a los derechos humanos, incrementando la presión sobre el Ejecutivo socialista.  

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