Cristóbal Montoro amenaza con embargar a quien pague impuestos en la ATC
El Ministerio de Hacienda remarca que presentar una declaración ante el fisco catalán supondrá incurrir en delitos administrativos y penales
Respuesta contundente de Cristóbal Montoro al anuncio por parte de la Generalitat de gestionar a partir del 2 de octubre impuestos estatales a través de la Agència Tributària Catalana (ATC). El Ministerio de Hacienda señala que responder ante el organismo con la liquidación de impuestos sin transferir conllevará sanciones, embargos, e incluso responsabilidades penales, para las personas físicas y jurídicas.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y su vicepresidente, Oriol Junqueras, aseguraron este lunes que el nuevo ente catalán está preparado para recaudar todos los tributos de la región si sale el «sí» en el referéndum del 1-O.
Hacienda, no obstante, ha aclarado que la Generalitat –al igual de las demás comunidades autónomas suscritas al régimen común–, disponen de su propia administración tributaria, que es competente para gestionar sus propios tributos y algunos estatales, como es el caso del impuesto sobre el patrimonio o el de sucesiones y donaciones.
Declarar los impuestos en una administración ajena a la española equivale a no presentar dicha solicitud
Sin embargo, el ministerio ha sido claro en la delimitación de competencias del resto de tributos. Por ello, ha recordado que la normativa establece que los deberes de presentar las declaraciones y de pagar las deudas tributarias «sólo se tienen por cumplidos si se realizan en la Administración Tributaria competente».
Dicho de otro modo, si los contribuyentes presentan las declaraciones y liquidan sus impuestos ante otra administración, las declaraciones equivaldrán a no estar presentadas y, por tanto, las deudas no estarán pagadas.
Responsabilidad administrativa y penal
Hacienda va más allá y apunta a que estas conductas pueden llegar a ser «constitutivas de delito». En este sentido, el departamento de Montoro insiste en que las personas jurídicas «no tienen solo responsabilidad tributaria, sino también responsabilidad penal».
Los contribuyentes que se crean la hacienda imaginaria de Puigdemont pueden incurrir también en «responsabilidad tributaria», como responsables solidarios o subsidiarios del pago de la deuda tributaria defraudada.
