La oficina de empleo de Madrid tiene al 80% de su plantilla ‘en precario’. En la imagen, prueba de oposiciones.
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El ministerio de Hacienda busca complicidad con los grandes sindicatos para apaciguar las querellas judiciales por contratación masiva en fraude de ley

Madrid, 25 de febrero de 2018 (04:55 CET)

España cuenta con más funcionarios interinos que nunca: unos 700.000. Y el gobierno de Mariano Rajoy, las autonomías y los ayuntamientos se preparan para una ola de demandas contra el abuso de las contrataciones de funcionarios laborales e interinos por la supresión de convocatorias durante los años de crisis.

Las administraciones públicas paralizaron o disminuyeron al máximo las oposiciones y la reposición de plazas de funcionarios desde 2010, por la grave crisis económica. Y para suplir a médicos maestros y otro tipo de funcionarios, las administraciones públicas han recurrido a la contratación de interinos y personal laboral, una figura que está limitada de forma temporal y limitada, pero que las administraciones han usado de forma masiva.

Ahora, ayuntamientos, comunidades autónomas y el gobierno central se preparan para una ola de demandas y el pago de posibles indemnizaciones masivas por el despido de los interinos que deberán abandonar sus puestos de trabajo si no ganan la plaza a través de las oposiciones masivas que serán convocadas entre 2018 y 2020.

Los sindicatos y el propio gobierno reconocen una cifra récord de interinos, una situación anómala producida por los recortes y la precarización de los funcionarios públicos.

“Nos encontramos ante el mayor fraude laboral de la historia de España. Estamos hablando de unos 700.000 trabajadores que están contratados en fraude de ley. Esto en cualquier empresa privada sería inadmisible. El gobierno podría ejecutar en breve el mayor ERE encubierto jamás conocido”, explica Enrique Arévalo Granados, asesor legal de la Asociación de Interinos Anil, que acumula unas 3.000 demandas judiciales contra el gobierno.

El gobierno se ha reunido esta semana con los grandes sindicatos CCOO, UGT y CSIF para pactar las condiciones en las que se pretende reducir la cifra de interinos de un 25% a un 8%. La medida, necesariamente, implicará el despido de trabajadores que han estado desempeñando sus puestos de trabajo hasta 20 años.

Coincidiendo con las demandas que se avecinan, el Tribunal Supremo ha pedido al Tribunal Europeo que aclare si los interinos con derecho a indemnización deben recibir 12 o 20 días en caso de despido colectivo.

El Tribunal Europeo ya había emitido una sentencia en 2016 según la cual las indemnizaciones por despido en España son discriminatorias porque diferencia, de forma injustificada, a trabajadores interinos de temporales e indefinidos.

Madrid desconoce el procedimiento

El Ayuntamiento de Madrid ha decidido consultar al gobierno central para conocer cómo debe prepararse ante las posibles reclamaciones por indemnizaciones. El gobierno de Manuela Carmena ha decidido posponer los procesos de convocatoria a nuevas oposiciones hasta que no se aclare judicialmente el conflicto por el despido de los interinos y hasta que el gobierno no fije las directrices a seguir.

Este diario ha contactado de forma insistente para conocer cuál será la política que seguirá el Ayuntamiento de Madrid ante posibles demandas judiciales de los interinos, pero el gobierno de Manuela Carmena no ha contestado ninguna de las preguntas formuladas.

Este diario ha contactado con el Ministerio de Hacienda para conocer si en los presupuestos generales del Estado se incluirán partidas para afrontar las indemnizaciones. Hasta ahora, no se contempla ninguna partida general y el ministerio explica que las administraciones analizarán “caso por caso”.

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