Mas acusa a Montoro de ocultar en la contabilidad española la deuda del AVE

Artur Mas está muy irritado con Cristóbal Montoro. El presidente de la Generalitat considera que el ministro de Hacienda «miente» cuando acusa a la Administración catalana de haber ocultado 1.300 millones de euros de deuda en su contabilidad. También cree que Mariano Rajoy «agrede al pueblo catalán» por tratar de impedir que la Generalitat se gaste el dinero que le da el Estado en construir la independencia.

Montoro desveló el lunes que la Generalitat no ha contabilizado 1.300 millones de deuda, tal y como establece la normativa europea. Este dinero procede de contratos público-privados que firmaron los Gobiernos de Pasqual Maragall y José Montilla. La Generalitat no los incluyó en sus cuentas al considerarlos deuda privada. Pero Eurostat ha cambiado el criterio contable y ahora obliga a que este tipo de endeudamiento se incorpore a la contabilidad pública.

«Montoro juega con fuego y se quemará»

Ese debería hacerse en el ejercicio en que aflora la deuda. En este caso, 2015. Pero la Generalitat se niega. Mas ha comparecido para hablar de estos 1.300 millones y, tras acusar a Montoro de «mentiroso», ha explicado que su Govern ya no licita este tipo de contratos.

También ha asegurado que el Gobierno central no puede presumir mucho en este asunto, porque ha usado el mismo método para evitar contabilizar la deuda generada por la construcción del AVE en casi toda España, las autopistas radiales de Madrid y para pagar la deuda que generó el proyecto Castor: «Montoro juega con  fuego y se quemará», ha vaticinado Mas.  

Préstamo con condiciones

Pero el mosqueo de Mas no proviene sólo de los famosos 1.300 millones. El presidente de la Generalitat también está que trina contra Montoro por el asunto del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Resulta que la deuda de la Generalitat ha sido calificada como bono basura. La Administración catalana ya no puede acudir a los mercados porque nadie le quiere prestar dinero.

Así que sólo le queda un camino: pedir al Estado. El Gobierno de Rajoy ya le ha dado hasta octubre 1.701 millones a Cataluña. Y está dispuesto a dar otros 3.000, pero ha puesto condiciones: que se usen para pagar las facturas de sanidad, educación y gastos sociales y no para construir estructuras de estado y edificar la independencia.

Agresión contra «todo» el pueblo catalán

Para Mas, estas condiciones son una «humillación» y una «agresión al pueblo catalán» articulada desde el Gobierno español, que no respeta a Cataluña «por defender ideas políticas democráticas y respetuosas con los derechos humanos».

O sea, que el presidente de la Generalitat considera que la decisión del Ejecutivo de Rajoy es «un castigo a Cataluña y a todos los catalanes», incluidos los que no se sienten independentistas, según ha subrayado, porque lo que hace el Gobierno central es «agredir el autogobierno».

Recurso al Constitucional

El president, aunque está en funciones, no piensa quedarse de brazos cruzados ante semejante humillación. Por eso, ha anunciado que interpondrá los recursos que sea necesario contra la decisión estatal. Se supone que acudirá al Tribunal Constitucional, pese a que hace sólo unas semanas impulsó una resolución en el Parlament para que desde Cataluña se haga caso omiso a lo que digan las resoluciones de ese Tribunal.

Además, el presidente en funciones ha anunciado una «respuesta política» consistente en «incrementar la base social del independentismo», ya que, desde su punto de vista, con decisiones como la tomada por Rajoy «se amplía» el secesionismo.