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Compostela Aberta detecta posibles irregularidades en los contratos de los centros socioculturales adjudicados durante el último Gobierno del PP

Economía Digital Galicia

Los contratos para los centros socioculturales fueron puestos en marcha entre 2012 y 2014, etapa en la que gobernaron en Santiago Gerardo Conde Roa, Ángel Currás y Agustín Hernández / EFE

en A Coruña, 17 de abril de 2017 (15:34 CET)

El Concello de Santiago ha trasladado a la Fiscalía contratos de licitación de la red de centros socioculturales por posibles irregularidades en la convocatoria. Las adjudicaciones las puso en marcha el último gobierno del Partido Popular en la capital gallega en 2012 y 2014, recayendo en la empresa Arasti Barca. En ese periodo de tres años, Santiago tuvo tres alcaldes, Gerardo Conde Roa, Ángel Currás y Agustín Hernández.

Compostela Aberta interpreta que los pliegos de la licitación reprodujeron convocatorias anteriores que habían recibido sentencias en contra por cesion ilegal de trabajadores municipales. Estos fallos desfavorables costaron 700.000 euros en multas a las arcas municipales. Martiño Noriega explicó que las sentencias contra el consistorio "empiezan a llegar en el período 2007-2011" por condiciones en los pliegos que fueron "reproducidas" en la licitación del contrato de la red en 2012, asumido por la empresa Arasti Barca SL, y que fue prorrogado dos años más tarde, en 2014.

Las condenas al Concello de Santiago por los contratos de los centros socioculturales han supuesto multas de 700.000 euros

El Concello decidió redactar unos nuevos pliegos y transmitir a la Fiscalía el contenido de la última convocatoria. La red de centros socioculturales está sin contrato desde mayo de 2016 debido a la demora en la redacción.

Martiño Noriega asegura que desde el gobierno local no existe "ánimo de persecución" por lo que no señalan "nombres y personas" que pudiesen ser responsables de esta situación. "Lo que no entendemos es por qué se adoptaron decisiones técnico-políticas, como reproducir los pliegos, cuando ya había sentencias entre 2007 y 2011", zanja.

El contrato de los centros está atascado desde hace un año por la necesidad de redactar nuevos pliegos

 El Ayuntamiento de Santiago iniciará los procedimientos para "llevar a efecto" las repercusiones de estas sentencias que condenaban "solidariamente" al gobierno local y a la empresa adjudicataria, a la que "en ningún momento se le repercute" los fallos judiciales, que fueron "siempre asumidos por el Ayuntamiento".

Estas sentencias condenaban de forma "solidaria" al consistorio y a la empresa por "cesión ilegal" de trabajadores municipales que, según Noriega, han supuesto, por el momento, multas de cerca de 700.000 euros. 

 

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