Marín, el puerto del amigo de Rajoy, pide al Tribunal Superior incumplir una sentencia

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La Autoridad Portuaria que preside el marido de Ana Pastor alega "imposibilidad legal" de acatar un fallo que pone patas arriba 300.000 metros cuadrados de desarrollo portuario

José Benito Suárez, marido de Ana Pastor y presidente del puerto de Marín, con Mariano Rajoy

en A Coruña, 25 de agosto de 2015 (05:52 CET)

Además de habitual acompañante de las caminatas veraniegas de Mariano Rajoy, José Benito Suárez Costa es presidente de la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra desde 2009. Fue aquel un año especialmente complejo para la entidad, pues el 20 de octubre el Supremo tumbó el Plan Especial con el que se dotó el puerto para planificar su desarrollo e inversiones y obligó a demoler 300.000 metros cuadrados de terreno ganado al mar de forma ilegal.

Aquella sentencia colea todavía en 2015 y empaña las cuentas que firma el marido de la ministra de Fomento, Ana Pastor. El puerto de Marín-Ría de Pontevedra acabó el ejercicio con beneficios de 1,35 millones, pero a la baja. De hecho, el resultado positivo se redujo a la mitad y la cifra de negocio cayó ligeramente hasta los 7,7 millones –con descensos en los ingresos por ocupación y utilización-- debido fundamentalmente a la reducción de las tasas portuarias, ya que el tráfico aumentó. Un balance aseado, de no ser por la batalla judicial cuyo desenlace "puede afectar de forma muy significativa a la valoración de los activos", dice la memoria de la Autoridad Portuaria.

El último cartucho

El litigo tiene origen en la denuncia de la entidad vecinal Plataforma Defensora de la Plaza de Os Placeres, que desde la sentencia del Supremo fue encadenando victorias contra los rellenos del puerto de Marín, un desarrollo donde ya operan empresas como Pérez Torres Marítma o Cabomar, la firma de congelados que también pleitea en los tribunales contra el fallo de 2009.

Para evitar demoler esos 300.000 metros cuadrados de superfice ilegal, que en palabras de Suárez Costa destruiría 400 puestos de trabajo, el Puerto ha quemado un último cartucho, después de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia cerrase la puerta a más recursos –el Supremo tumbó el último en 2014--. En octubre de ese mismo año, según consta en su memoria anual, promovió un incidente de imposibilidad legal de ejecución de la sentencia que está "pendiente de resolución". 

La ejecución de la sentencia, además de dejar sin casa a la auxiliar siderúrgica Gonvarri, a Cabomar y a Pérez Torres, supondría un golpe para el tráfico del puerto y para la captación de nuevas mercancías. 

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