Marea Atlántica reserva 3 millones para la renta social municipal

El proyecto, consensuado con el colectivo de trabajadores sociales, establece ayudas para los no perceptores de la Risga y "otros colectivos" que no pueden cubrir sus necesidades básicas

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La renta social que llevó Marea Atlántica en su programa para las elecciones municipales como medida contra la situación de probreza que atraviesan ciudadanos víctimas de desahucios o, simplemente, que no pueden cubrir sus necesidades básicas, comienza a tomar forma en el Concello de A Coruña. Dentro de María Pita, donde el borrador de la propuesta ya ha pasado por las manos del interventor municipal y de la asesoría jurídica, y también fuera, pues ha sido consensuado con el colectivo de trabajadores sociales.

Marea Atlántica quiere que cuente con un presupuesto de 3 millones de euros, a pesar de que la situación económica del Concello, según expuso el propio Gobierno municipal, es delicada, hasta el punto de necesitar la solicitud de un crédito de 10 millones de euros. ¿Es viable una renta social? «Es más que viable, es cuestión de voluntad política», zanja Silvia Cameán, abogada, feminista, vecina de Monte Alto y concelleira de Xustiza Social e Coidados.

Objetivos y destinatarios

Para Cameán, la función de la renta social es «garantizar unos mínimos vitales» y entronca con el discurso que mantuvo la marea en su puesta en escena: entienden que hay una situación de «emergencia social» y que no responde al sentido común que un gobierno mire para otro lado ante casos de exclusión económica o desahucios.

En este sentido, explica la concelleira, las ayudas estarán dirigidas a distintos colectivos, entre los que estarán los no perceptores de la Risga, los que han perdido su casa por un desahucio y otros «que no pueden cubrir sus necesidades básicas». La cuantía variará en función de la valoración que haga el trabajador social y el plazo en el que se activará la ordenanza todavía se desconoce.

Los pasos a dar

Está elaborado el borrador pero no la propuesta definitiva. Quedan matices por incoroporar, hay que darle forma jurídicamente y, posteriormente, tendrá que consensuarse con los partidos de la oposición. «Cuestionar una ordenanza que tiene como objetivo que las personas tengan las necesidades básicas cubiertas me parecería… no sé.. una hecatombe, no creo que la oposición esté para eso», reflexiona Cameán.

El enfoque de las ayudas desvela también problemas estructurales, que trascienden el ámbito municipal. «Los Risga están tardando entre 7 y 8 meses, aunque depende de la época, en verano se rebajó bastante el plazo, hasta los 4 meses. En las ayudas a la dependencia hay casos dramáticos. Se emite una resolución, se concede el derecho y después la tramitación de la Xunta, el PIA (Programa Individual de Atención), está tardando bastante más. Hay una especie de limbo administrativo», expone en una conversación telefónica, entre reunión y reunión de una agenda apretada.

– ¿Hay convenios con asociaciones antiabortistas en A Coruña?

– No, no me consta

– ¿Firmarían convenios con asociaciones antiabortistas?

– No. No firmaríamos convenios con asociaciones antiabortistas

Entre esas múltiples citas ha estado San Caetano. En la Consellería de Benestar, sin la presencia de la conselleira, Beatriz Mato, expuso los problemas derivados de los retrasos en la Risga y la problemática adicional de casos particulares, en los que se extinguía la ayuda por incumplimiento de algún trámite del beneficario. «Me siento obligada a ser pesada, no puede haber tanto retraso», insiste Cameán. 

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