La conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, y la conselleira de Mar, Rosa Quintana / Xunta

Los sindicatos piden más luz sobre la subvención al hijo de la conselleira de Mar

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El Sindicato Labrego y Unións Agrarias creen que la Xunta debería explicar por qué se benefician de las ayudas personas ajenas a la actividad ganadera

A Coruña, 12 de junio de 2018 (04:55 CET)

Después de que el PSdeG presentase la semana pasada una batería de preguntas sobre el supuesto trato de favor al hijo de la conselleira de Mar, Rosa Quintana, por la concesión de unas ayudas europeas, los sindicatos agrarios exigen ahora al Gobierno gallego “la máxima transparencia” en esta cuestión.

Desde Unións Agrarias (UUAA), lo primero que reclaman al Ejecutivo de la Xunta es garantizar que al hijo de la conselleira “se le trató igual que al resto”, ya que al sindicato le llamaría la atención “que se estén beneficiando de las ayudas falsos agricultores o pseudoagricultores cuando el año pasado y el anterior más de 600 de ganaderos con planes de mejora se quedaron fuera por falta de presupuesto”.

Quien opina así es Roberto García, su secretario xeral, para quien las ayudas, sean comunitarias o de Medio Rural, “deben ir destinadas a agricultores en activo”. Por eso le chirrían aspectos del caso, como el hecho de que Marcos Ortega Quintana compaginase su actividad con los estudios, o la rapidez en la tramitación de las licencias, a lo que suma el hecho de que decidiese renunciar a la ayuda, algo que para él deja “más dudas de las que pudo haber en un primer momento”.

Mirados con lupa

Cree que el Gobierno gallego debe aclarar bien estas cuestiones especialmente la que afecta a los criterios para la asignación de las ayudas, porque “en un sistema de presupuesto escaso parece lógico que tenga preferencia un ganadero de 42 años antes que un estudiante sin actividad agraria ni ganadera”.

En este caso, la Xunta otorgó inicialmente una subvención de 30.000 euros al hijo de la conselleira, que cursa la carrera en Santiago, aunque para la solicitud se declara como joven ganadero afincado en Ordes. Posteriormente la cuantía fue rebajada a 15.000 euros y, tras conocerse la noticia, se anunció que había renunciado a ella.

Desde el Sindicato Labrego Galego (SLG), su secretaria xeral, Isabel Vilalba, tampoco entiende cómo se pueden producir este tipo de situaciones, sobre todo cuando este tipo de expedientes, al menos los que ellos tramitan, “se miran con lupa”.

“Entendemos que hay unas condiciones que seas quien seas has que cumplir, como demostrar que es tu modo de vida o que tienes una formación específica suficiente en el propio ramo agrario”. Sin embargo, a Vilalba también le genera sospechas la renuncia. Es por eso que pide que, “si no correspondía recibir la ayuda o rectificaron, deberían demostrar que no existieron irregularidades previas”.

Embrollo burocrático

“Una persona con el cargo tan importante que la madre tuvo en Agricultura y que ahora tiene en Mar en el Gobierno gallego lo mínimo y razonable es que hagan pública la documentación del expediente”, incide la dirigente del SLG, para quien subyace un problema de fondo, que es la farragosa tramitación de las ayudas para la incorporación al medio rural, que muchas veces hacen que los proyectos fracasen.

“Cuando la administración pone números encima de la mesa de incorporación de personas a la actividad agraria, nosotros pedimos seguimiento de todos los expedientes. Somos conocedores de que muchas de esas personas acaban dejando la actividad antes de que se cumplan los cinco primeros años”, señala Vilalba. “Nos estamos autoengañando, y eso es por un fallo fundamental en el propio seguimiento de los proyectos”. En cualquier caso, sobre el episodio concreto del hijo de la conselleira, insiste en que desde la Xunta “deberían aportar toda la documentación para que se clarificara”.

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