Los sindicatos creen que los ‘ERE públicos’ llegarán a Galicia tras las autonómicas
Aseguran que el director xeral de Función Pública les dijo que la Xunta no tenía voluntad de despedir al personal laboral fijo
A nivel estatal, los sindicatos piensan que a partir de septiembre llegarán los primeros expedientes de regulación de empleo (ERE) en las administraciones públicas en base al proyecto de Real Decreto elaborado por el Ministerio de Empleo. Sin embargo, en Galicia sospechan que, por lo menos los posibles despidos dentro de la administración autonómica, se retrasarán hasta que pasen las elecciones.
Si no hay un adelanto electoral, la cita con las urnas tendrá lugar en marzo de 2013 como muy tarde.
Las centrales sindicales llegaron a esta conclusión hace justo una semana después de que mantuviesen un encuentro con el director xeral de Función Pública, José María Barreiro. En esa reunión, según aseguran, a Barreiro se le escapó que el Gobierno central estaba ya últimando el decreto que permitiría aplicar un ERE en los entes públicos. Ante el revuelo de los representantes sindicales, aseguró que la medida “no pasaría por Galicia”, por lo menos en lo que se refería a despidos de personal laboral fijo. Según cuentan los sindicatos, del personal temporal no habló.
Agencias
Las centrales dudan mucho que en la Administración gallega no se vayan a llevar a cabo expedientes de regulación, aunque convienen que, ante el rechazo social que causarán, “la cosa no se activará hasta pasadas las elecciones autonómicas”.
“No nos creemos las palabras de Barreiro, porque está claro que los decretos se hacen para aplicarlos, pero sí creemos que aquí pueden retrasarse un poco aunque está claro que aplicarán como en las demas administraciones”, indica Fernando García, representante de CIG-Administración, que recuerda que la Xunta de Galicia cuenta con gran número de agencias como la de Innovación, la de Legalidad Urbanística, Infraestructuras o Turismo.
“En este caso, el decreto que quieren poner en marcha facilita el despido en el sector público aún más que en el ámbito privado. Los procesos se podrán llevar a cabo cuando la disponibilidad presupuestaria haya disminuido en un 10%. En estos entes, tienen tan fácil como recortarles las partidas de las cuentas para echar al personal”, indica Emilio Doforno, representante de CCOO, que critica que, sin embargo, “no se pone coto al número de asesores a dedo que puede contratar la Administración”, ni estos pueden entrar dentro de los ERE.
Municipios, grandes afectados
Con todo, los sindicatos aseguran que los funcionarios que lo tendrán más crudo con este nuevo decreto serán los trabajadores laborales de los ayuntamientos. El caso gallego les preocupa especialmente debido al gran número de entes municipales de pequeñas dimensiones, que están están teniendo muchos problemas de liquidez después de los recortes en las aportaciones estatales y autonómicas.
“Barreiro puede decir lo que que quiera pero él no puede responder por lo que va a pasar en los ayuntamientos o en otras empresas públicas y la situación será muy complicada en ellas. Lo único que van a conseguir es que con esta medida los ayuntamientos puedan quedarse sin servicios básicos, como los antiincendios, gestión de las aguas, cuidado de jardines”, explica José Francisco Méndez, el representante de los empleados públicos del CSIF en Galicia.
Los representantes de los trabajadores públicos aseguran que la intención del Gobierno central pasa por destruír gran número de empleos en el sector. Así, recuerdan el Plan de Estabilidad 2012-2015 que especifica las previsiones de una reducción de costes y de ahorro de gastos de personal de 5.059 millones en los ayuntamientos españoles que se acogieron al plan de pago a proveedores.
