Los procesos judiciales asociados a la corrupción crecieron un 22% en 2012

El fiscal superior de Galicia radiografía una de las principales preocupaciones de los ciudadanos

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La memoria anual de la Fiscalía, incorporó por primera vez en el año 2012 un apartado específico para los delitos de corrupción. Según reveló el fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, los procesos judiciales asociados a este tipo de delito crecieron un 22,8% respecto al año anterior. Los casos de corrupción investigados judicialmente fueron 152 en el año 2012 de los que el mayor número fue del tipo «prevaricación administrativa», seguido de «malversación de fondos públicos», «cohecho o soborno» y «blanqueo de capitales», seguidos de lejos de otros tipos.

Varela aprovechó una conferencia en Ourense para analizar los casos de corrupción en Galicia y proponer soluciones a una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, según reflejó el barómetro del mes de marzo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). En el estudio, la corrupción y el fraude se situaron como la segunda inquietud en el Estado, solo por detrás del paro.

La corrupción “de mercado” y la “parroquial”

El fiscal ha distinguido dos formas preponderantes de corrupción en Galicia, una corrupción “de mercado” y otra “parroquial”. La primera exige contraprestaciones inmediatas con precio en dinero mientras que la segunda cuenta con un tiempo mayor para la contraprestación y hace referencia a la actividad corrupta por relación de proximidad en respuesta a las rigideces del sistema. Es la encarnada por el cacique, como mediador y conseguidor de favores para amigos, afines y protegidos.

La Administración local es la más afectada por la corrupción y esto afecta «gravemente a la percepción que tienen los ciudadanos de las instituciones y explica el declive de confianza en ellas y el desencanto con los políticos, de unos ciudadanos cada vez más instruidos y más críticos», ha explicado Varela.

Soluciones

La fiscalía aboga por obligar a administraciones locales, provinciales y autonómicas a elaborar planes de Gestión de Riesgos de Corrupción e Infracciones conexas, siguiendo el modelo pionero implantado en Portugal en 2008 a raíz de las recomendaciones que el Parlamento Europeo hace desde los años 90.

“Así lo explicaré en la comisión gallega donde se hablará de medidas para combatir la corrupción, pero yo haré incidencia sobre todo en su prevención», avanzó Varela, que entiende que el Consello de Contas de Galicia podría ser un órgano adecuado para realizar esta vigilancia, de manera que no se aumentaría la “burocracia” ni “los costes”.

Según el fiscal, el ordenamiento jurídico español tiene un amplio abanico de tipificaciones para los delitos relacionados y el problema no está en una insuficiencia del marco legal ni en que falten mecanismos de control, «sino en su falta de efectividad pues se resta importancia al control y las advertencias no son vinculantes ni tienen sanciones efectivas».

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