Los juzgados me contrataron como traductor de árabe aunque no sé ni una palabra

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Cualquiera puede trabajar como traductor e intérprete en los tribunales de Madrid. Sin comprobar el nivel del idioma ni la titulación, me contrataron y hasta me asignaron un juicio

Una imputada por asesinato, asistida por su intérprete.

Madrid , 15 de mayo de 2016 (01:00 CET)

Cualquier persona puede ser traductor o intérprete de los juzgados de Madrid, incluso sin hablar una sola palabra del idioma que se dice dominar. La empresa Seprotec, beneficiada por la consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid con el contrato para garantizar traductores e intérpretes en todos los juicios, confía plenamente en la palabra de los aspirantes y contrata y asigna juicios a supuestos traductores e intérpretes que no dominan los idiomas.  

No importa la titulación, la experiencia ni el conocimiento real de la lengua. La empresa solo busca personal para rellenar las decenas de juicios que se celebran cada día en los juzgados de Madrid.  

Los traductores e intérpretes profesionales ha abandonado poco a poco su carrera por las precarias condiciones laborales. Con la externalización del servicio de intérpretes judiciales, el sueldo de estos profesionales apenas alcanza los 10 euros brutos por hora. Tras el éxodo de los traductores cualificados, las puertas se han abierto a cualquiera. Incluso a personas que no tienen ni idea del idioma que dicen conocer.  

Envío un correo electrónico a la empresa Seprotec en el que comunico mi intención de trabajar como traductor e intérprete. En el currículum, invento que el árabe es mi lengua materna y que soy licenciado en Traducción e Interpretación. También acredito una experiencia profesional falsa de más de diez años en Marruecos, además de una dirección y datos incorrectos.

La entrevista   

A los pocos días, recibo un correo electrónico para una entrevista. Una de las trabajadoras de Seprotec me envía por correo electrónico las condiciones laborales que se resumen en un ingreso en la base de datos de la empresa y trabajos por horas en la medida en que vayan surgiendo necesidades. Acepto el documento y preparo la información solicitada: una fotografía, DNI, cuenta bancaria y el título universitario.  

Acudo a las oficinas de Seprotec, una empresa comandada por Juan Julián León Ibáñez, y que registra unos 15 millones de euros en facturación y que cuenta con 383 empleados. Una de las responsables me cita para la entrevista de trabajo. Es la encargada de filtrar a los candidatos, pero no parece tomar demasiadas precauciones ni aplicar controles. Comienza a explicar con detalle el funcionamiento de la mecánica con la empresa.  

Seprotec tiene muy poco tiempo de antelación para avisar. Generalmente, los cita el día antes. No se les informa del tipo de juicio hasta el momento en el que comienza, con lo cual el traductor no puede preparar previamente el juicio. No hay preguntas sobre el tipo de trabajo realizado o sobre la capacidad lingüística en árabe, inglés o francés. Se dan por buenas todas las capacidades que asegura tener el candidato y nada se pone en duda.  

Si la entrevistadora me hubiese hecho cualquier pregunta en la lengua que digo conocer, se hubiese dado cuenta de que estaba frente a un impostor que no sabe ni una sola palabra de árabe. Ni hola, ni buenos días ni gracias. Pero ninguna pregunta clave surgió en la entrevista. La cita pareció un mero trámite para la contratación inmediata.  

Llega la convocatoria

Al día siguiente, recibo una llamada. Ya me han asignado mi primer juicio como intérprete de árabe. No está nada mal para no tener ni idea del idioma. Un mail posterior de la empresa confirma mi primer trabajo: el 12 de mayo de 2016 en el juzgado de instrucción número 5 de Plaza Castilla para el juicio por delitos leves 101/2016 de idioma árabe.  

La convocatoria demuestra que la empresa privada encargada de asignar traductores e intérpretes cualificados a los juzgados nombra a cualquiera en una tarea en la que está en juego nada menos que la libertad de las personas. Después de recibir la convocatoria, aviso que no podré asistir e inmediatamente designan a otro intérprete. Decido en ese punto poner fin a la investigación que intenta demostrar que cualquiera puede ir a un juzgado como traductor o intérprete.  

"Hay traductores que nunca han sido entrevistados por Seprotec. Envían en currículum y los contratan directamente. El nivel de algunos de los que acuden al juicio es lamentable y perjudican a los profesionales y los buenos titulados universitarios que están sin trabajo", explica Hassan Saharaui, coordinador del servicio de traductores e intérpretes de los juzgados de lo penal de Madrid e intérprete judicial y jurado.  

Malos entendidos, cada día  

Los secretarios judiciales, los transcriptores y hasta los jueces reconocen que, la mayoría de los intérpretes designados por Seprotec no cumplen los requisitos mínimos para ejercer esa profesión.  

Hace pocos días se celebró en Madrid un juicio en el juzgado 31 de lo penal al que acudió un intérprete de bengalí asignado por Seprotec. La fiscal pidió al intérprete que preguntara al acusado a qué se dedicaba. Entonces, el silencio se hizo en la sala. El intérprete, que dominaba perfectamente el bengalí, parecía tener problemas para digerir las instrucciones de la fiscal. "De-dica, de-dica", repetía en voz baja el intérprete como si intentara tener luz con el significado de la palabra.  

El tribunal decidió que el propio acusado terminase declarando sin asistencia. Todos acordaron que hablaba mejor castellano que su intérprete. El caso no es, ni mucho menos, una anécdota aislada en los juicios con intérpretes.  

La consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid asegura que Seprotec ofrece un buen servicio y selecciona a los mejores profesionales y, para justificar esta tesis, asegura que es que muy pocos jueces se quejan del trabajo de los intérpretes.  

La explicación es desmentida por los propios trabajadores de los tribunales. "La mayoría de los intérpretes no tiene el nivel que deberían tener para trabajar en un juzgado. Que sea mal traductor es lo normal ahora", explica una transcriptora de un juzgado de Madrid. "El otro día, en el tribunal, una intérprete de italiano que no era italiana confundió, en la traducción, ciudad con país. Era un matiz importante en la declaración y tuve que corregirla", explica la trabajadora judicial.  

La jueza que levantó la voz  

La jueza Pilar De Luna ha sido una de las primeras magistradas en denunciar la falta de calidad de los intérpretes. De Luna intentó que otros compañeros se unieran para protestar por el bajo nivel de los traductores, al entender que es un trabajo de vital importancia en los juzgados, pero recibió poco apoyo. Entonces, decidió que tenía que luchar al menos para que en su tribunal hubiese buenos profesionales.  

"Estamos hablando de un tema muy serio. Que un acusado no tenga el derecho de contar con un buen intérprete es una vulneración a los derechos más básicos. Un intérprete debe conocer no sólo el idioma sino también la cultura para ofrecer las garantías procesales", explica Pilar de Luna.  

La juez fue la primera que se negaba a aceptar traductores sin el nivel exigido por un tribunal que decide nada menos que la libertad de las personas. Llegó incluso a suspender juicios, con los enormes gastos e inconvenientes en el calendario que ello implica, pero con un único propósito: garantizar los derechos establecidos la directiva europea 64/2010.

Falta de preparación  

Los juzgados de lo penal de Madrid tuvieron servicios de traducción interno de hasta 37 idiomas, pero en 2007 con la llegada de las empresas de traductores que funcionan como meros intermediarios entre los profesionales y los juzgados, los profesionales fijos integrados en los equipos de los tribunales quedaron reducidos a mínimos.  

"Los gestores suelen llamar a los intérpretes que llegan rápido a los juzgados y no siempre a los que están mejor preparados", explicó la responsable de Seprotec en la entrevista de trabajo.  

Tras una enorme cantidad de problemas generados por intérpretes mediocres o poco cualificados, De Luna analiza el problema desde otra perspectiva. Está convencida de que no hay voluntad política de solucionar el conflicto, que en el fondo es un asunto que no importa demasiado porque aqueja a los acusados inmigrantes pobres. Los inmigrantes con posibilidades juzgados en la Audiencia Nacional se garantizan de llevar buenos intérpretes de pago.  

El listado que no llega  

La Unión Europea ha exigido a los Estados miembros que desarrollen la directiva europea para que se elabore un listado con intérpretes cualificados que tienen condiciones para trabajar en un tribunal. Pero España aún no ha hecho estos deberes. El ministerio de Justicia explicó a este diario que ese trabajo estaba previsto en la anterior legislatura, pero el ministerio, por falta de tiempo, no ha podido realizarlo.  

"El bajo nivel de los intérpretes es un asunto que preocupa en todos los juzgados. Muchas veces, los testigos o los acusados ni se entienden con el intérprete. Todos los jueces lo saben y lo sufren pero nadie lo denuncia", explica un secretario judicial de un juzgado de lo penal de Madrid.  

Los traductores profesionales ahora buscan trabajo en otras áreas. Nadie puede vivir con los pagos de los juzgados, diez euros brutos la hora. "Una vez me encontré a uno de los intérpretes de wolof (lengua nativa de Senegal y Gambia) vendiendo camisetas en la playa. Dijo que de esa forma ganaba más que como traductor", explica otro secretario judicial de Madrid.  

La elaboración de un listado oficial de traductores e intérpretes cualificados podría depurar los traductores e intérpretes sin cualificación en los juzgados. Mientras eso ocurre, los testigos, los acusados y los trabajadores de los tribunales se hacen la misma pregunta con los intérpretes judiciales: "¿Será que está traduciendo bien?".
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