Los juzgados catalanes reciben una veintena de denuncias contra el 9N

UPyD, Plataforma x Catalunya y varios particulares han buscado el amparo en los tribunales para impedir la celebración el 9N. En total, los juzgados han recibido 21 denuncias contra la pseudoconsulta organizada por la Generalitat. Los expedientes han sido admitidos a trámite, aunque los magistrados han optado por no aplicar las medidas cautelares que reclamaban la intervención en el proceso participativo.

La amenaza de intervención judicial ha permanecido muy presente durante todo el día. La Generalitat, así como los partidos políticos afines al proceso independentista, ha señalado en varias ocasiones que hasta último momento no estaba claro si realmente se podría llevar a cabo la jornada.

Denuncias

El juzgado de guardia de Barcelona ha recibido 15 denuncias. Entre ellas, destaca un escrito que apunta directamente a la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, ya que de su figura como número dos del Ejecutivo catalán dependía toda la organización de la jornada.

Otra de las denuncias, presentada por UPyD, señalaba al presidente de la Generalitat y a los consellers de Enseñanza y de Interior. También pedía como medida cautelar cerrar los edificios públicos donde se votaba este domingo, incautar todo el material utilizado y detener a los responsables de presuntos delitos vinculados al proceso de participación, en referencia a los voluntarios que se negasen a ser identificados si se les pidiera.

Argumentación

El magistrado ha rechazado estas peticiones. En su resolución, ha asegurado que «no guardan proporcionalidad y que no aparecen este momento razones de urgencia o relativas al orden público que aconsejen su adopción».

Sin embargo, matiza sus palabras e indica que el hecho de que no se tomen medidas cautelares para paralizar la votación no va en perjuicio de investigar las posibles actuaciones de relevancia penal. El Gobierno catalán podría haber incurrido en delitos de desobediencia, prevaricación y malversación ya que ha actuado “contraviniendo lo dispuesto por la resolución del Tribunal Constitucional». La culpabilidad podría extenderse incluso «al resto de personas que tienen la condición de funcionarios públicos». De hecho, el propio ministro de Justicia se ha referido a estas cuestiones en su comparecencia para desacreditar la pseudoconsulta.

Fiscalía sigue buscando

Los participantes quedan fuera de todo peligro. El juez considera que los actos de votación, participación ciudadana “o como quiera denominarse a los actos de canalización de la voluntad popular puedan ser considerados delictivos en lo que respecta al ciudadano, que es libre de expresar su opinión cuando desde los poderes públicos se les convoca y se facilita que lo haga”.

Por otro lado, la Fiscalía General del Estado ha informado que continúa recogiendo datos para valorar las «responsabilidades penales» derivadas del proceso participativo para, si se diera el caso, » ejercer las oportunas acciones legales «.