Los afectados por los recortes en dependencia se movilizan

Los ajustes que el Gobierno central ha decidido aplicar en el sistema de atención a la dependencia supondrán un recorte de 21,5 millones de euros en las trasferencias que Galicia tendría que percibir este año del Estado.

También se reduce un 15% la prestación de los cuidadores familiares –en Galicia, aproximadamente el 30% de la atención a dependientes– y la administración dejará de hacerse cargo de la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales.

Desde la Consellería de Traballo y Benestar han asegurado que no peligra la atención de los dependientes que ya están dentro del sistema, aunque sí reconocen que el ritmo de atención a las personas que se incorporen a la ayuda se verá “ralentizado”. No han convencido con ello a las asociaciones que trabajan en el sector, que denuncia el “sobreesfuerzo” que recaerá sobre las familias y el riesgo de un repunte en la exlusión social.

Ampliación del plazo de las ayudas

El tijeretazo del Consejo de Ministros del pasado viernes incluía también una ampliación en el plazo para percibir las ayudas, que pasa de seis meses a dos años. La medida ha causado un enorme impacto en el sector social gallego, marcado por el envejecimiento progresivo de la población. Según datos del INE, los gallegos mayores de 65 años superan a los menores de 25 y suponen el 22,6% de la población.

Al calor de estos datos, la portavoz de Discapacidad del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, Laura Seara, no ha dudado en afirmar que “miles de gallegos y gallegas morirán» sin tener acceso a la prestación, y recordó que «el 60%» de los beneficiarios son mayores de 80 años.

También el BNG mostró su disconformidad, ya que ve en los recortes una “total paralización en el desarrollo de la Ley de Dependencia”, que deja en «total desamparo y desprotección a los cuidadores y las personas dependientes». Los nacionalistas han pedido la comparecencia urgente de la Ministra de Sanidade, Ana Mato, en el congreso para ofrecer explicaciones sobre los ajustes.

Reformar la ley

“Es inviable por falta de financiación”. Así zanjó la Xunta su opinión sobre la Ley de Dependencia, cinco años después de su entrada en vigor, en los que no ha dejado de encontrar obstáculos en su desarrollo. Los continuos recortes en las partidas presupuestarias y el atraso en la concesión de las ayudas han sido las trabas más habituales.

La Consellería de Traballo reconoce ahora que la reforma de la Ley es “inaplazable” y que, hasta entonces, intentarán “priorizar la entrada en el sistema de los grandes dependientes” y avogan por primar la profesionalización de los servicios de atención en lugar de los cuidadores familiares ya que “garantizan la calidad del servicio y generan empleo”.

El decreto a estudio

Mientras, desde diversos colectivos de la Autonomía, entre ellos Cogami, Fundación Once, Autismo Galicia o Down Galicia, han puesto en marcha un estudio en coordinación con el Colexio de Traballo Social para valorar el impacto del decreto publicado en el BOE y plantear una estrategia de movilizaciones.

Su descontento no se centra exclusivamente en la Ley de Dependencia, sino que critican también los constantes recortes en las partidas presupuestarias destinadas al ámbito social. FEAPS, por ejemplo, ya ha advertido que corren peligro los apoyos y servicios ofrecidos por la organización, entre ellos, destacan la dificultad para mantener “los centros especiales donde trabajan 30.000 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo”.

No es algo nuevo para el colegio profesional que viene denunciando desde hace tiempo la reducción en las partidas. Calculan en la entidad que se “eliminará la atención a más de 3 millones de personas” en todo el país usuarios de los servicios municipales, lo que conllevará la pérdida de “doce mil puestos de trabajo”, a causa de los ajustes.