Las víctimas del Alvia acusan al Gobierno de ocultar información sobre el accidente
Se movilizan en Madrid para reclamar una investigación independiente
La Plataforma Víctimas Alvia 04155 ha realizado una concentración este martes en Madrid para reclamar una vez más la creación de una comisión de investigación parlamentaria sobre el accidente de tren ocurrido en Santiago de Compostela el pasado 24 de julio.
La agrupación entiende que la negativa de las Cortes Generales y del Parlamento de Galicia a impulsar una investigación independiente es una cesión que responde a intereses económicos y a la necesidad de ocultar información sobre las causas del siniestro.
Contradicciones
Así de contundente es el manifiesto leído por Teresa Gómez Limón, una de las personas heridas en el accidente. El texto reclama conocer toda la verdad y “depurar responsabilidades políticas”.
La asociación ha denunciado las «declaraciones contradictorias» que, a su juicio, han hecho distintas personas que ocupaban u ocupan cargos políticos, principalmente sobre cuestiones relativas a si se trataba o no de una línea de alta velocidad y al sistema de seguridad instalado en el lugar donde descarriló el tren.
Preguntas sin resolver
«La negativa, por parte del Gobierno, a que se lleve a cabo dicha comisión de investigación nos hará deducir a las víctimas y al resto de la opinión pública que existen aspectos que se desean ocultar», dicen en el manifiesto.
El presidente de la plataforma, Víctor Taibo, ha explicado que lo que quieren es una comisión de investigación parlamentaria en la que se analice «con luz y taquígrafos» todo lo relacionado con el accidente y en la que un representante de las víctimas pueda hacer preguntas y se pueda averiguar «porque no funcionó» el sistema de seguridad ERTMS en el punto donde el tren se salió de la vía.
Piden dimisiones
Taibo ha exigido de nuevo la dimisión del presidente de Renfe, Julio Gómez-Pomar, del de Adif, Gonzalo Ferre, y del secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá, acusando a este último de estar «más preocupado por el negocio de la alta velocidad que por los derechos de las víctimas y por que se conozca la verdad».
