Las multas a los afectados por las preferentes llegan al Congreso

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El BNG llevará a la Cámara baja el decisión de la Subdelegación de Pontevedra de multar a unos manifestantes por desórdenes públicos

20 de junio de 2012 (20:00 CET)

El portavoz del Bloque en el Congreso, Francisco Jorquera, y la diputada Olaia Fernandez Davila presentaron una iniciativa parlamentaria para demandar al Gobierno que dé “instrucciones precisas para anular de inmediato las multas impuestas a afectados por las participaciones preferentes”.

Ambos se refieren al caso conocido esta semana de varios afectados por las emisiones preferentes de la antigua Caixanova que recibieron sanciones administrativas de 300 euros emitidas por la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra alegando desórdenes públicos.

Jorquera y Davila quieren dejar claro que “estafados por el escándalo de las preferentes se ven obligados a salir a la calle para reclamar el dinero que les estafó por parte de las ventas mediante un engaño para que se invirtiesen sus ahorros en productos de alto riesgo”.

Piden al Gobierno que “rectifique y suspenda la tramitación de estas sanciones ya que los ciudadanos se limitaron a ejercer pacíficamente el derecho a manifestación para denunciar la estafa bancaria de la que fueron víctimas”.

Protestas ante la Subdelegación del Gobierno

Este miércoles unos 300 afectados se han manifestado delante de las dependencias de la Subdelegación del Gobierno con el objetivo de pedir la cancelación de estas sanciones a cuatro de sus compañeros.

Ante las protestas, la subdelegación ha emitido un comunicado, aclarando que el expediente a los manifestantes está motivado por actos vinculados a la alteración del orden público.

"Son, única y exclusivamente, estos hechos, no las reivindicaciones legítimas de estos ciudadanos, lo que ha motivado del inicio de apertura de un expediente", señala la subdelegación. "Independientemente de la razón que puedan tener en sus reivindicaciones, siempre legítimas, la Suibdelegación tiene la responsabilidad de velar por garantizar la seguridad ciudadana de todos, tanto los que ejercen su libre derecho de manifestación, como los que no participan en la misma", explica.
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