Las madereras se rebelan contra la Xunta

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Rematantes y aserradores acusan al Gobierno gallego de incumplir la ley de Montes y paralizar el desarrollo del sector forestal

Benito García, Elier Ojea y Fernando Castro | Fearmaga

27 de noviembre de 2014 (21:07 CET)

Cerca de 6.000 propietarios forestales y 40 empresas pontevedresas esperan desde hace cuatro años, y esto nos lleva ya hasta la anterior legislatura de Núñez Feijóo, un informe de la Xunta. El resto de aserraderos y rematantes, en torno a 3.000 pymes gallegas, aguardan desde hace dos años que se aplique la Lei de Montes y, en consecuencia, se limpien las trabas burocráticas que afectan a las empresas cada vez que quieren realizar una corta. Son dos ejemplos que, a juicio de la patronal Fearmaga, ilustran el abandono y la “dejación de funciones” de la Consellería de Medio Rural y la Secretaría Xeral de Montes respecto al sector forestal gallego.

Las madereras han dicho basta y este jueves han cargado con dureza contra la conselleira Rosa Quintana y contra el secretario xeral de Medio Rural, Tomás Fernández-Couto, pues consideran que, “en el peor momento de la historia para este sector”, la Xunta ni hace ni deja hacer. La Federación, con su presidente Elier Ojea al frente, exigió “medidas concretas” para corregir la “insostenible situación” de cerca de 3.000 empresas.

Ahogados en papeles

Más allá del enfado por la parálisis del departamento que dirige Rosa Quintana, las madereras expusieron dos problemas que requieren de la actuación de la Xunta. Uno de ellos son las casi 100 ordenanzas municipales que gravan las cortas de madera y los más de 15 departamentos administrativos que tienen competencias sobre los aprovechamientos forestales.

Las empresas no solo deben pedir numerosos permisos en una procesión que los puede llevar por la Confederación Hidrográfica Miño Sil, la Deputación de turno o la propia Xunta; además, las ordenanzas municipales les obligan a depositar avales o fianzas ante posibles daños en los caminos. Muchas de estas ordenanzas “quedarían sin efecto” si se aplicase la Lei de Montes, pero no es así, según expuso el presidente de los rematantes y aserraderos de la provincia de A Coruña, Benito García.

El sector solicitó a la Secretaría Xeral de Montes “en reiteradas ocasiones” que procediese a la “clarificación, simplificación y agilización de los trámites administrativos sin que hubiese respuesta alguna”, zanjó.

Cuatro años esperando un informe

La otra problemática expuesta por Fearmaga es más concreta, pero tiene un enorme impacto en Pontevedra: la “crisis del nematodo” de pino. Cuatro años después de su detección en As Neves (Pontevedra), la Secretaría Xeral de Montes “no tiene, ni sabe cuándo tendrá” elaborado el informe que Bruselas demanda para que se levanten las medidas cautelares que afectan a las empresas, explicó Fernando Castro, presidente de los rematantes y aserraderos de Pontevedra.

Este informe es un requisito necesario de la UE para que las empresas de la zona afectada puedan volver a trabajar con normalidad. Dice Fernando Castro que 6.000 propietarios y 40 empresas están asumiendo unas pérdidas diarias de 100.000 euros.
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