Las grandes ciudades rechazan el 1-O y desnudan al soberanismo

Barcelona y las principales ciudades aglutinan a más de 2,6 millones de catalanes, por los 800.000 de los municipios que apoyan por ahora el referéndum del 1-

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Las grandes ciudades catalanas tienen la llave de que el referéndum del 1-O, –al margen de todas las medidas que ha adoptado el Gobierno y la Fiscalía–, pueda ser factible. El bloque independentista lo sabe y se ha encontrado con un rechazo que puede ser determinante, y que desnuda al soberanismo.

Barcelona, la joya de la corona, se ha negado a prestar locales para el referéndum, y su alcaldesa, Ada Colau, se ha mostrado firme en que no permitirá que ningún funcionario corra el mínimo riesgo, después de que el Tribunal Constitucional haya suspendido la ley. Con picardía, Colau le pide a Puigdemont que le informe de otras alternativas, pero que en los colegios de Barcelona no podrá ser.

Pero junto a Barcelona se han sumado otras grandes ciudades, cuyos equipos de gobierno, la mayoría con participación del PSC, o directamente con alcaldes socialistas, han decidido no correr riesgos y seguir la estela del TC. Con Barcelona, han mostrado su rechazo ciudades como Tarragona, Lleida, L’Hospitalet, Santa Coloma, Mataró o Terrassa. Es donde vive la mayoría de la población catalana. Sólo esos municipios suman unos 2,6 millones de catalanes. La actuación rápida de la alcaldesa de Santa Coloma, Núria Parlon, desmarcándose del referéndum, fue decisiva, porque el soberanismo la consideraba como un flanco débil que podía abrazar la causa del derecho a decidir en el 1-O.

La prueba de la importancia de decisiones como la de Ada Colau, la gran musa que pretendía ganarse para sí el soberanismo, se comprobó de inmediato. Casi un millar de personas del bloque soberanista se manifestó en la plaza Sant Jaume, frente al Ayuntamiento, para pedir a la alcaldesa de Barcelona que permita votar. La importancia es capital, porque se supone que Colau podría animar al voto del ‘no’, y con ello ofrecer legitimidad al referéndum independentista.

En los municipios que han rechazado ya el 1-O viven más de 2,6 millones de catalanes

La presión es enorme y lo será en los próximos días. A ello contribuyó el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que es consciente de que ahí puede perder definitivamente la batalla política, al margen del riesgo que corre como querellado por la Fiscalía, con acusaciones que le podrían causar penas de prisión.

Puigdemont, en un acto en Sant Joan Despí mostró su nerviosismo al asegurar que existen dos tipos de gobernantes: “La diferencia no es ideológica, de dimensión del partido político, es una diferencia de ética democrática, y hay dos tipos de políticos en Cataluña, los que dicen que permitiremos votar y los que dicen que no os permitirán votar”, en una alusión directa a Colau.

El papel de Ada Colau es clave. Ella está por votar dentro de una movilización que se considere una protesta contra el Gobierno del PP, pero sin carácter vinculante. Y, según fuentes de su entorno, Colau es probable que vaya a votar el 1-O en locales que pueda facilitar la Generalitat, pero ha decidido que no será en los colegios municipales de Barcelona, porque no quiere poner en riesgo su cargo institucional. “Lo que no quiere de ninguna manera Colau es ser inhabilitada”, aseguran las mismas fuentes.

Puigdemont clama ahora que sólo hay dos tipos de políticos, los que dejan o no dejan votar

Frente a esa circunstancia, con las grandes ciudades del área metropolitana en contra de facilitar la organización del 1-O, la propaganda del Govern de Puigdemont se refiere a la “mayoría de municipios catalanes a favor”, con más del 60% de ayuntamientos ya comprometidos.

Lo que ocurre en que esos municipios vive una población menos numerosa, con diferencias territoriales muy marcadas que dibujan una gran división interna en Cataluña. De los 948 municipios, han respondido favorablemente a las peticiones de Puigdemont unos 510. Podría ser una mayoría aplastante de municipios en los próximos días. Pero en las principales ciudades que han dado el sí a Puigdemont viven unas 800.000 personas, por los 2,6 millones de catalanes a los que se aludía antes. Son las ciudades de Girona, Sabadell, Badalona –estas dos últimas marcadas por equipos de gobierno ligados a la izquierda alternativa—Reus, Cerdanyola o Sant Cugat.

Hay que tener en cuenta la distribución de la población catalana: de los 7.477.131 millones de catalanes, más de 5,5 millones viven en las comarcas de Barcelona; 790.000 en las comarcas de Tarragona; 741.000 en las de Girona, y 427.208 en las de Lleida.

El objetivo número uno del bloque independentista es superar, al menos, los casi dos millones de personas que participaron en el 9N en 2014. Todo lo que quede por debajo se considerará un fracaso. Algunas entidades, como la ANC, han lanzado la idea de que se puede lograr una cifra cercana a los tres millones, lo que dejaría en una situación difícil al Gobierno de Mariano Rajoy. Pero todo eso siempre desde la premisa de que el referéndum será posible.

Puigdemont ha confiado en los últimos meses en Colau, que ha rechazado involucrarse en el 1-O

Cercado ahora por la Fiscalía, con la admisión a trámite por parte del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de la querella contra Puigdemont por la convocatoria del 1-O, el bloque independentista se dispone a lograr una masiva manifestación en la Diada del 11 de septiembre, que actúe como termómetro sobre la disposición de la sociedad catalana a mantener el pulso contra el Estado.

La ANC actúa con celeridad en las últimas horas para provocar una reacción del bloque soberanista que lleve al Gobierno de Mariano Rajoy a rehacer su estrategia. Sin embargo, el Ejecutivo español está dispuesto a utilizar todos los resortes del estado para impedir el 1-0.

Y la otra pata, la más decisiva desde el punto de vista político, la colaboración de los ayuntamientos para facilitar el referéndum, ha resultado fallida para Puigdemont, que ha confiado hasta el último momento en Ada Colau, a quien trató de conquistar desde hace meses.

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