Ángeles Vázquez, conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda / Xunta

Las expropiaciones de suelo de la Xunta acaban en el Constitucional

Xestur presenta recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional por las sentencias en contra de expropiaciones por las que pagó 6,2 millones en 2018

El Gobierno gallego agota todas las vías en defensa de su política de suelo y de las sentencias en contra de toda una batería de expropiaciones cuya beneficiaria es Xestur, la sociedad pública de gestión de suelo.  En concreto, es la deriva judicial de las revisiones de los justiprecios que realizó el Jurado de Expropiación de Galicia lo que ha llevado al equipo jurídico de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda a presentar, de momento,  hasta dos recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Tribunal Supremo y, finalmente, Constitucional. Ese es el recorrido que han seguido algunas de las expropiaciones realizadas en el polígono lucense de As Gándaras. Fruto de los reveses judiciales, Xestur se ha visto obligada a abonar solo el año pasado la revisión de tres de los 34 expedientes de expropiación del citado parque empresarial, por importe de 6,2 millones de euros, establecidos por sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Los argumentos de la Xunta fueron inadmitidos posteriormente en casación por el Tribunal Supremo, lo que ha activado los recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional.

De 13 a 90 euros el metro cuadrado

La situación creada es poco menos que inexplicable, a juicio de los gestores de Xestur. El conflicto se remonta a 2016, cuanto la sociedad pública estaba presentada por su posición de beneficiaria de las expropiaciones en 34 recursos contencioso-administrativos ante el TSXG, interpuestos por los titulares de ese suelo, como consecuencia del proyecto de expropiación del parque de As Gándaras.

El Jurado de Expropiación de Galicia había fijado un justiprecio para ese suelo de 16,44 euros el metro cuadrado, frente a los 13,79 euros fijados por la propia Xunta. Esa diferencia ya fue abonada en 2016. Sin embargo, para los gestores de Xestur, en la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso del TSXG, "sin practicar prueba pericial", dicen, "sorprendentemente" se confirmó en varias sentencias el precio reclamado por los expropiados, que era de 90 euros el metro cuadrado. Este importe supuso multiplicar cinco veces y media el precio fijado por el Jurado de Expropiación de Galicia.

Todas las vías judiciales

Xestur recurrió en casación ante el Tribunal Supremo las tres sentencias que fijaban el valor en 90 euros el metro cuadrado, recursos que fueron inadmitidos "por carecer de interés casacional para la formación de jurisprudencia", dicen los gestores de Xestur en la memoria de la compañía pública. El asunto volvió a Galicia al presentar Xestur otros tres incidentes de nulidad ante el  TSXG, que fueron desestimados en su integridad.

Ante este último revés, Xestur ha optado por presentar, de momento, dos recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional, al que se unirá un tercero. Eso sí, la sociedad pública de la Xunta ya tuvo que levantar en 2018 las correspondientes actas complementarias de pago y abonó unos 6,2 millones de euros.

X.R.M.

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