La dirección de En Marea estudia emprender acciones judiciales por una intrusión no autorizada en el censo / E.P.
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La dirección estudia emprender acciones judiciales por una “intrusión no autorizada” en el censo

en A Coruña, 01 de diciembre de 2018 (20:00 CET)

La división de En Marea está muy cerca de acabar en ruptura. Las elecciones internas de la formación, a priori un enfrentamiento entre la dirección que lidera Luis Villares y la candidatura crítica impulsada por los partidos, está muy cerca de llegar a los tribunales, entre acusaciones cruzadas de ambos bandos.

El proceso, en el que estaban llamados a votar unos 4.500 inscritos, permanece paralizado desde las 11,00 horas de este sábado por orden del representante legal del partido ante la Agencia Española de Protección de Datos, Gonzalo Rodríguez, miembro de la dirección y afín a Luís Villares.  Rodríguez avanzó que estudian recurrir a los tribunales por la presunta intrusión no autorizada en el censo por parte de una persona del Comité Electoral, en el que diez de sus 13 miembros pertenecen al sector crítico con la actual cúpula del partido.

Denuncia ante Protección de Datos

El portavoz de la coordinadora de En Marea, equivalente a la ejecutiva en un partido clásico, comparecía en una rueda de prensa convocada de urgencia para explicar los motivos de su decisión. Alega que en los últimos días se produjo un acceso "con engaño" y "sin autorización" al censo del partido instrumental. Acusa directamente de ello a miembros del Comité Electoral, por lo que entienden que el proceso debe quedar congelado al no contar con las "garantías" suficientes.

Rodríguez aseguró que se ha presentado una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos por la posible vulneración del derecho a la intimidad de las personas inscritas en En Marea. Además, avanza que la dirección del partido instrumental estudia recurrir a los tribunales ante una supuesta infracción del artículo 97 del Código Penal.

Un día sin poder acceder al registro

Según Gonzalo Rodríguez, dicho acceso no autorizado al censo provocó que él mismo, como responsable legal de su custodia, no pudiese acceder al sistema de registro de inscritos durante un período de 24 horas. "No sabemos qué pasó en ese momento en el censo, no sabemos si se exportó el censo, si se dieron altas o bajas", remarcó, antes de acusar al Comité Electoral de "erigirse como única autoridad" en En Marea por encima de la Comisión de Garantías, lo que "va en contra de la separación de poderes".

Actualmente se está desarrollando una auditoría para arrojar luz sobre los sucedido entre el domingo y el pasado martes con el censo electoral. Primero Garantías y ahora la dirección afirman que, una vez se conozca el resultado de esta auditoría (prevén que será la semana entrante), las elecciones internas podrían reanudarse.

El organismo de garantías, también se rompe

La Comisión Garantías, a la que se atribuye la misión de velar por los derechos de los inscritos, debe estar conformada por cinco personas, según los estatutos de En Marea. Sin embargo, en estos momentos la integran únicamente tres personas, dos de ellas afines a la dirección y otra cercana al llamado sector crítico. Este último, Manuel Nogueira Pérez, ha expresado en un comunicado remitido a los medios su disconformidad con la orden de paralización dictada por Garantías, ya que entiende que las decisiones relativas a las primarias recaen exclusivamente en el Comité Electoral.

Este mismo argumento ha sido esgrimido por la candidatura de los críticos, encabezada por el exdiputado David Bruzos, que comparecía ante los medios --también en Santiago y arropado por gran parte de los miembros de su lista-- poco después de la rueda de prensa de Gonzalo Rodríguez para reclamar que el proceso siga adelante en virtud de la decisión del Comité Electoral, que es "quien tiene las competencias" sobre el proceso.

Bruzos niega que el sector crítico ejerza "control" sobre el Comité Electoral, a quien atribuye las competencias para determinar "si hay garantías o no" para desarrollar el proceso. Por ello, ha instado al Comité Electoral a comunicar públicamente si dan las "condiciones" para seguir votando, algo que ya fue expresado en la resolución dictada a última hora del viernes.

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