Las denuncias por preferentes oscilarán “entre 10.000 y 20.000 en Galicia”

Hasta el día 12, fecha en la que finaliza la solicitud de canje para los afectados por las participaciones preferentes, no habrá datos fehacientes sobre las denuncias que se presentarán en los juzgados por el tema. No obstante, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estima que pueden oscilar “entre las 10.000 y las 20.000”.

Así lo ha asegurado este martes el vocal del CGPJ Manuel Almenar antes de inaugurar el curso Corrupción y crisis institucional de la Escuela de Verano del Poder Judicial. “Se sigue produciendo goteo, lo que sucede es que, hasta el día 12, no tendremos datos fehacientes de cuál es el número que se va a producir”, manifestó. “La cifra irá en función de cómo se está produciendo el canje”.

Aluvión en septiembre

Almenar señaló que la previsión es que para “principios de septiembre” tendrán en los juzgados “una presentación poco a poco cada vez más elevada” de asuntos en relación a las preferentes. No obstante, ha recalcado que “la Administración de Justicia está totalmente preparada” para tramitar los asuntos, para que cuando el aumento se produzca, “se adopten las medidas ese mismo día”.

En esta línea, ha comentado que en Galicia «debido al impulso de la Xunta», Novagalicia Banco ha sido «la primera que acudió al mecanismo del arbitraje» y «también la primera que lo ha terminado» y, en consecuencia, «la primera que ofrece datos sobre las personas que lo han solicitado, sobre las que han tenido laudo favorable y las que no lo han solicitado».

39.000 personas sin laudo arbitral

«Hay 36.000 personas que tienen arbitraje con laudo favorable o cuasi favorable y unas 39.000 que no lo tienen», ha apuntado para concluir que hasta que dispongan de «datos más concretos», no pueden «afinar más».

Sobre el problema de las preferentes, el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha defendido, en el marco de la inauguración de la Escuela de Verano del Poder Judicial, el trabajo de la Administración gallega para «articular un sistema para atender a los afectados» por ser su «deber y obligación» hacer «todo» por resolverlo.