Las autovías de O Salnés y O Barbanza afrontan ya su segundo rescate en seis años

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La primera debe a sus socios 33,7 millones de euros en sus últimas cuentas auditadas, mientras que la segunda presenta un patrimonio neto negativo de 11,9 millones

Inauguración en 2008 de la Autovía de O Salnés | EFE

18 de mayo de 2014 (21:53 CET)

La Xunta de Galicia estudia la manera menos gravosa para compensar a las empresas que explotas las autovías de O Salnés y O Barbanza. Su objetivo es evitar o minimizar el desembolso de 127 millones de euros, una cantidad que debería abonar en concepto de responsabilidad patrimonial si estas quebrasen. La pasada semana, en comisión parlamentaria, la directora de la Axencia Galega de Infraestructuras, Ethel Vázquez, advirtió de que ambos viales están al borde del concurso de acreedores. Las preocupaciones de los diferentes ejecutivos gallegos por estas infraestructuras no son nuevas. Las dos fueron rescatadas por la Xunta hace menos de seis años. Una en 2008 y otra en 2009.

Los motivos, según recuerda un análisis publicado esta semana en El Progreso son distintos. Ahora los problemas derivan de la caída de tráfico, un mal que afecta a numerosos viales en España y que ha llevado a Fomento a estudiar ya su intervención. En el pasado, los problemas de las autovías gallegas estaban motivados por los sobrecostes de las obras y las modificaciones en los proyectos derivados de los compromisos de las concesionarias.

Copasa, Puentes y Calzadas, NCG e Itínere

La autovía de O Salnés fue rescatada por primera vez en 2008. La sociedad concesionaria está participada por Copasa en un 40% y por Puentes y Calzadas y Novagalicia Banco (cada una tiene un 30%). Ese año, la consellería de Política Territorial e Infraestructuras, de la socialista María José Caride, aprobó una solicitud del rescate del proyecto con cambios en el contrato de concesión debido a dos planes modificados. La Xunta bipartita aprobó una “compensación” extra de 10,6 millones.

En el caso de O Barbanza, la explotación fue adjudicada en 2007 a una UTE formada por Itínere y, por aquel entonces, Caixa Galicia. Su oferta salió elegida frente a la presentada por el Grupo San José. Se comprometieron a invertir en el vial 104 millones de euros. Núñez Feijóo, entonces líder de la oposición, acusó al bipartito de adjudicar la vía a una oferta 30 millones más cara que la que presentó Jacinto Rey.

No obstante, en 2009, con el PP recién retornado a San Caetano, tanto Itínere como NCG pidieron oxígeno a la Xunta para poder modificar el contrato de concesión debido a los desequilibrios generados por los modificados en el proyecto.

Resultados comprometidos

Pero, ¿cúal es la situación en la actualidad? Según sus últimas cuentas presentadas, la sociedad concesionaria de O Salnés perdió en 2012 561.000 euros, mientras que la de O Barbanza presentó números rojos de 2,4 millones. Sin embargo, según El Progreso, el problema real que pone al borde del concurso a las sociedades se encuentra en sus agujeros patrimoniales. Mientras que la concesionaria de O Barbanza tenía un patrimonio neto negativo de 11,9 millones, la de O Salnés debía a sus socios 33,7 millones.

El núcleo del problema radica también en la caída de los tráficos. Por ambas infraestructuras circularon el año pasado un 40% menos de los vehículos previstos. Se esperaba que por O Salnés pasasen 22.231 turismos, aunque sólo lo hicieron 13.208. En el caso de O Barbanza, la previsión era de 20.841, aunque la realidad dejó la cifra es 12.946.

Peaje en sombra

Ambos viales se adjudicaron mediante el modelo concesional de peaje en sombra. Gratuitas para el usuario, la Xunta debe pagarles hasta 2035 tanto por los intereses del adelanto que hicieron para la construcción del vial como por los usuarios. A menos vehículos, menos tiene que abonar el Gobierno gallego, aunque la contrapartida está en que las sociedades se declaren en quiebra y reclamen la indemnización de los famosos 127 millones.

Según un informe del Consello de Contas, sólo en el caso de la autovía de O Barbanza, la Xunta tenía que abonar 382 millones entre 2009 y 2035.
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